La Defensoría del Pueblo exigió al Gobierno Nacional considerar al Covid-19 una enfermedad laboral argumentando que su resolución contraviene las disposiciones de la Organización Mundial del Trabajo y vulnera los derechos de los trabajadores.
Yunda la tiene clara, sabe que se debe mantener la cuarentena a riesgo de una crisis humanitaria y económica pero está velando por la integridad y la salud de las tres millones de personas que residimos en Quito.
La situación es inaudita, pero real. Cualquier gobierno que esté por debajo del 10% de aprobación, con una economía al filo del barranco, con un galopante desempleo y con una ola de inseguridad y violencia perdería el sueño.
Es más, el pleno en sesión extraordinaria y con menos de la mitad de sus legisladores, aprobó una resolución para que la Ley sea publicada en el Registro Oficial este 31 de diciembre y no el 13 de enero como el artículo 137 de la Constitución lo estipula.
