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Quito, 06 oct (La Calle). – Funcionarios judiciales manifiestan su oposición al proyecto de “Optimización del Talento Humano” presentado por los directivos del Consejo de la Judicatura. La Federación Nacional de Asociaciones Judiciales del Ecuador (FENAJE), mediante un comunicado oficial, calificó que la finalidad del proyecto “es dejar sin empleo a muchos judiciales del Ecuador”.

El 17 de enero del 2020, Pedro Crespo, director del Consejo de la Judicatura, anunció que la crisis económica del país obligaba a tomar medidas de afectación a los servidores de la Justicia. Crespo aseguró que se desvincularía al 30% de los 11621 trabajadores que pertenecen a esta cartera del Estado. Para este efecto, el director del Consejo especificó 4 mecanismos: terminación de contratos, renuncias voluntarias, jubilaciones y supresión de partidas.

La FENAJE no permitirá que los derechos de los trabajadores judiciales sean vulnerados. “Exigimos al Estado Ecuatoriano, al Gobierno Nacional y al Ministerio de Finanzas, deje de jugar con los intereses del país. Un Ecuador sin la debida administración de justicia por falta de recursos permitiría una caotización en el sistema Judicial del Ecuador”, reza el comunicado.

¿Despiden funcionarios y aumentan sus sueldos?

En enero del 2020, los propios directivos del Consejo, no solo pensaban despedir trabajadores de su cartera. También entablaron una reunión para analizar la subida de sueldos de los vocales y la presidenta de la Judicatura. Los directivos de esta función, según Crespo, aseguraron que sus sueldos no les alcanzaban para subsistir.

Pago de jubilaciones

La Federación también desconfía de los pagos de jubilaciones y liquidaciones para suprimir trabajadores. Así lo comunican a la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado. “Le pedimos, que mientras no se ubiquen por parte del Ministerio de Finanzas, los fondos económicos con los que se pagara a los jubilados y las liquidaciones de los que quieren renunciar… la propuesta suena demagógica”. (DR).

Un comentario en «Funcionarios judiciales rechazan el despido impuesto desde el Consejo de la Judicatura»
  1. La protesta de los PPL es legítima y sus afirmaciones son totalmente ciertas. El sistema capitalista utiliza la supuesta «justicia» en contra de los más pobres, mientras los delincuentes de cuello blanco, como los banqueros, grandes empresarios, políticos disfrazados de: presidentes, ministros, generales, asambleistas, diplomáticos, continúan saqueando al país.
    La fuerza pública y militar es utilizada para garantizar la corrupción de las élites económicas y políticas. No se justifica tener tantos parásitos al servicio de una banda de mafiosos.
    El hacinamiento en las cárceles es otro negocio de los corruptos. La «justicia», alimentos, comunicaciones, celdas privadas, protección «extra», es posible obtener de los guías y directores, siempre y cuando paguen exorbitantes cantidades de dinero. Bandas de narcotraficantes controlan las cárceles, protegidos por los directores y ministros de gobierno de turno. María Paula Romo, ministra de gobierno es responsable de las cárceles y es la que reparte cargos de directores a gente descalificada, para obtener réditos económicos cada mes. Éstos a su vez, tienen que extraer de los detenidos. Este dinero sirve para financiar las campañas electorales de sus minúsculos grupos mafiosos.
    La denuncia de los detenidos es totalmente cierto:
    Privados de Libertad se declaran en huelga de hambre de forma indefinida – Pichincha Universal

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