Quito, 9 nov (La Calle).- A través de un comunicado, la bancada de UNES advirtió que el informe sobre la crisis carcelaria, elaborado por la Comisión de Seguridad y aprobado por legisladores Social Cristianos, de la Izquierda Democrática y el BAN, es un documento forzado, carente de verdad y objetividad.
“La Bancada de Unión por la Esperanza, representada en la Comisión por Patricia Núñez, Xavier Jurado y José Luis Vallejo, votaron en contra, en rechazo a la pretensión de seis legisladores que, en contubernio, realizaron modificaciones que jamás fueron aprobadas de manera unánime, obviando elementales argumentos técnicos producto de varias semanas de trabajo en territorio y de comparecencias”, señala el comunicado.
Asimismo, argumentan que las bancadas de la Comisión orquestaron una aprobación sesgada, movida por un interés: ocultar la destrucción institucional y los resultados nefastos del gobierno de Lenín Moreno. Así como tratar “con evidente disimulo y descaro la irresponsabilidad e inobservancia del actual gobierno, frente a la grave crisis carcelaria y el estado de inseguridad ciudadana que azota al Ecuador”.
“Es lamentable que, una vez más, obstruidos por su incapacidad, legisladores de esta Asamblea Nacional actúen con tal bajeza. La Bancada de Unión por la Esperanzan seguirá trabajando con la verdad, porque nos debemos a más de 17 millones de ecuatorianos, no a intereses ni propósitos particulares de conciencia”, aseguran.
Informan, además, que presentaron un informe de minoría, que recoge “palpables realidades y, sobre todo, la verdad ante las evidencias encontradas”.
El pasado 8 de noviembre, con 6 votos a favor, la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral aprobó el informe sobre la crisis carcelaria y la situación de inseguridad ciudadana que vive el Ecuador. El documento será puesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional.
Según el presidente de la Comisión, Ramiro Narváez, de la ID, el informe tiene 75 recomendaciones, entre las que constan la asignación de recursos para el mantenimiento de infraestructura; planificar nuevas unidades de Policía Comunitaria y unidades de vigilancia comunitaria; definir un modelo de gestión; el apoyo de organismos internacionales; fortalecer las capacidades instaladas en los centros de privación de libertad, entre otras.
