Quito, 06 ene (La Calle).- “Lo que nosotros hemos sentido, y yo en lo personal, es que el proceso de evaluación en la Corte Nacional de Justicia, se realizó sin observar normas mínimas del debido proceso, no nos garantizaron derechos fundamentales, como el de la defensa o contar con un juez imparcial», manifestó Roger Cusme, conjuez removido en la evaluación de la Corte Nacional de Justicia.
Para la evaluación se habrían elaborado ciertos reglamentos considerados por la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, tiempo después fueron considerados inconstitucionales por la Corte Constitucional en la sentencia emitida en diciembre del año pasado. Lo que llevó a que los magistrados removidos se pronunciaran el pasado martes, 4 de enero del 2022.
La Corte Constitucional, habría ordenado que los jueces y conjueces sean indemnizados descartando el reintegro de ellos a sus cargos, supuestamente por la existencia de situaciones jurídicas consolidadas.
“Yo soy una persona con una discapacidad visual del 100 % y durante el proceso de evaluación sentí discriminación, que me estaban discriminando” exclamó Roger Cusme. Ante esto, el Consejo de Judicatura del Ecuador, no habría observado muchos de los estándares internacionales, que ordenan respeto a los DD.HH de las personas con discapacidad.
La vulneración de los derechos y la ausencia de acceso de medios e información, no habrían sido considerados como puntos focales en el ejercicio de la evaluación; faltando al principio de igualdad y accesibilidad universal. Este principio determina que toda persona tiene derecho a acceder a medios, bienes, servicios y bienes comunicacionales en igualdad de condiciones. «Nos enviaron una comunicación simple en donde se nos decía que habíamos sido removidos del cargo. Jamás no explicaron los razonamientos jurídicos», dijo Roger Cusme .
La deficiencia de igualdad jurídica, así como la falta de sociabilización de formatos accesibles estarían fuera de toda ley y norma que se ajustan en las convenciones internacionales de los derechos de las personas con discapacidad, así como también se lo determina la constitución ecuatoriana en el “Art. 47. – El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social”
Para el proceso de indemnización, Cusme manifestó que es necesario repensarlo objetivamente, ya que el Consejo de la Judicatura habría armado un proceso de evaluación a la Corte Nacional, donde la presidenta habría recalcado que se lo hizo por sugerencia del Consejo de Participación Ciudadana. “Nadie le dijo a la Corte Nacional de Justicia que vulnere nuestros derechos”, indicó Cusme.
Explicó, que la lucha que están realizando no es por una recuperación económica, sino por la existencia de una verdadera independencia judicial, donde se respete el libre ejercicio de la participación de todas las personas y que no es posible que se sigan aceptando este tipo de atropellos.
Indicó que irán a instancias internacionales y que el objetivo de su activación es para que se pueda considerar su situación en la falla de garantías de sus derechos, así como la violación y arbitrariedad de parte de instituciones del Estado.
Roger Cusme finalizó la entrevista denunciando que el Consejo de la Judicatura estaría iniciando una serie de amenazas. “Están amenazando con iniciar sumarios administrativos contra la sala de lo penal, militar, policial y tránsito de la Corte Provincial que emitió sentencia a nuestro favor. Pido a la ciudadanía y a los medios de comunicación que estén pendientes y alertas a estas prácticas de violación a la independencia judicial», recalcó.
