Quito, 1 de oct (La Calle).- El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, advirtió con aplicar justicia indígena a las empresas mineras, petroleras o madereras que ingresen a territorios ancestrales sin permiso de los dirigentes de cada comunidad.

«Si las empresas mineras, petroleras, madereras, entran sin el consentimiento de nuestras comunidades, tendremos que llevar procesos judiciales de acuerdo a nuestro sistema de justicia indígena; castigarlos por violentar nuestros derechos humanos y nuestros derechos territoriales».

Dijo Vargas en una conferencia de prensa.

El dirigente de la Conaie añadió que si hay que sentenciarlos de acuerdo con la justicia indígena se lo hará; pues eso se enmarca en el derecho constitucional a la libre determinación, autonomía y definición territorial que asiste a las comunidades.

Vargas también exhortó a que se fortalezcan las guardias indígenas para proteger la seguridad dentro de las comunidades. Enfatizó que no existe la intención de crear un ejército independiente del Estado, sino de vigilar porque se garantice la autonomía de dichos territorios.

Con ese pronunciamiento, el dirigente respaldó la posición del pueblo Shuar Arutam, ubicado en la provincia amazónica Morona Santiago. Su presidenta, Josefina Tunki, acusó al Gobierno de Lenín Moreno de incumplir la normativa que obliga a llevar adelante procesos de consulta previa, libre e informada ante concesiones que puedan afectar al ambiente.

¿Qué dice la Ley?

Dichos procesos se encuentran amparados por la Constitución y por instrumentos internacionales, principalmente el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas.

Según Tunki, al menos dos empresas mineras transnacionales llevan adelante estudios de prospección en las riberas de los ríos amazónicos Zamora y Santiago. Agregó no poder mencionar debido a sus constantes cambios de razón social.

A esto se suma la presencia de empresas madereras cuyas actividades están deforestando la selva, indicó.

Mientras tanto, el asesor legal de la comunidad Shuar Arutam, Mario Melo, señaló que en territorios de dicha nacionalidad, localizados en la Cordillera del Cóndor, hay varios proyectos mineros concesionados a empresas transnacionales sin antes haberse aplicado el mecanismo de consulta previa.

«No se informó debidamente a las comunidades, ni al hacer las concesiones ni al iniciar los procesos de exploración preliminar ni de exploración avanzada de algunos proyectos».

Dijo el jurista.

Según Melo, estas compañías no solo estarían operando de manera ilegal. También fomentan la división dentro de las comunidades indígenas a través de supuestas consultas. Estas, a su juicio, desnaturalizan la obligación que tiene el Estado de llevar adelante dichos procesos.

Ante este escenario, la comunidad Shuar Arutam prepara acciones ante instancias nacionales e internacionales para hacer cumplir sus derechos.

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