Quito, 3 Jun (La Calle).- Moreno anunció la creación de un Consejo Asesor Económico dirigido por Richard Martínez y conformado por economistas conocidos por su acción en gobiernos neoliberales.
“Nuestro Consejo Asesor inicialmente estará conformado por Pablo Lucio Paredes, Fausto Ortiz y Augusto de la Torre. Y vamos a sumar más perfiles en este proceso. Algunos de ellos han sido ministros; otros han representado al país en organismos internacionales”, anunció Moreno en cadena nacional.
Horas más tarde, Pablo Lucio Paredes negó que integrará el Consejo y el Gobierno aceptó su error.
Fausto Ortiz fue viceministro y ministro de Economía por un poco más de un año entre 2005 y 2008.
La posición que defiende es cercana a las condiciones del FMI, pues en entrevistas a varios medios, sostiene que la economía sufría de estancamiento antes del acuerdo y que el ajuste es necesario para controlar el gasto.
Por su lado, Augusto de la Torre fue directivo del Banco Mundial para América Latina y gerente del Banco Central entre 1993 y 1997. Período en el que se produjo la desregulación financiera neoliberal.
Además, según el Observatorio de la Dolarización, fue uno de “los artífices de la puesta en marcha del programa de renegociación de deuda ecuatoriana más conocido como Plan Brady (1994 – 1995) que se determinó como altamente perjudicial para los intereses del Ecuador a través de la Auditoría Integral a la Deuda Ecuatoriana finalizada en 2008”.
El pasado 14 de abril, en una entrevista para un medio local, aseguró que la vía para la recuperación económica del país es suspender totalmente toda legislación laboral por un año y que se deje de asegurar la estabilidad en puestos de trabajo.
Agregó que estos acuerdos incluso podrían implicar que los trabajadores ganen tan solo un tercio de sus sueldos. Aseguró que también sería necesario eliminar los subsidios a los combustibles y elevar el IVA en al menos 4 puntos.
Finalmente, criticó las leyes que regulan el trabajo en el Ecuador. Aseguró que se necesita una reforma laboral que nos convierta “en un mercado moderno laboral en donde la filosofía de la legislación laboral sea proteger al trabajador y no al puesto de trabajo”. Es decir, que el trabajador cambie de empresa cada 6 años y “permitir que se movilice de una empresa a otra”, en vez de asegurar estabilidad en una sola institución.
