Discrepancias en la veracidad de la Ley de Alivio Financiero

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Quito, 26 nov (La Calle). –  Una de las convergencias entre el Ejecutivo y el Legislativo fue dar tratamiento urgente en materia económica a la propuesta de Ley de Alivio Financiero y Fortalecimiento Económico de las Generaciones en el Ecuador, siendo el séptimo proyecto de ley emitido por el presidente Daniel Noboa. 

Las siete medidas contenidas en la propuesta harían frente a las pérdidas provocadas por los apagones en los sectores más necesitados del país. Sin embargo, desde la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo 444, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, a partid del 5 de noviembre y para 90 días, las instituciones bancarias y cooperativas no han cumplido con lo establecido en los artículos 1 y 2 del mandato presidencial.

Siete medidas dispuestas para aliviar a las familias ecuatorianas

El Decreto contiene seis artículos con disposiciones para las entidades del sector financiero público, privado y popular y solidario que debían establecer acuerdos de pagos con sus clientes, a través de planes de reestructuración de créditos y refinanciamientos de deudas para quienes estén en proceso de coactiva. De la misma manera, las casas comerciales podían establecer un programa de diferimiento extraordinario y temporal, hasta por 90 días. Pero el documento presidencial no es claro en cuanto a la obligatoriedad y deja a discrecionalidad de estas instituciones la instrumentalización que, en teoría, no causaría intereses por mora, gastos, recargos ni multas.

Asimismo, el artículo 5 disponía medidas de compensación a los usuarios del servicio de internet en todo el país, así como facilidades de pagos en las planillas de facturación a causa de la situación derivada del estiaje. Fue el mismo exministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, quien junto al ministro de MINTEL, dio la buena noticia a las familias ecuatorianas mediante un video publicado en redes sociales.

Cumplimiento del Decreto Ejecutivo Nro. 444

Según lo dispone los artículos 3 y 6, la Junta de Política y Regulación Financiera debía emitir una normativa que permita a la Superintendencia de Bancos supervisar y controlar las entidades del sistema financiero del país, y las instituciones de la Función Ejecutiva debían adoptar las medidas que correspondan como Gobierno Nacional para la aplicación íntegra del Decreto. Sin embargo, la ambigüedad del documento y el libre albedrío de las instituciones financieras ha prolongado la carga financiera y tributaria de la ciudadanía.

La Asamblea Nacional tiene 30 días contados a partir de la entrega de la propuesta de Ley por parte del Ejecutivo, que fue el pasado 7 de noviembre, para resolver su aprobación. La Comisión de Desarrollo Económico, presidida por la asambleísta de ADN Valentina Centeno, aprobó este lunes 25 de noviembre el informe para primer debate con 5 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. La Ley, de ser aprobada por el Legislativo, le costaría USD 29 millones a la caja fiscal y proyecta una reducción en la recaudación de USD 54,4 millones, sacrificio fiscal que vale la pena asumir en el impacto al flujo de ingreso tributario, según el Ministerio de Economía y Finanzas.

Observaciones legislativas

Asambleístas de las bancadas de la Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano observan la aplicación del Decreto que no especifica los recargos e intereses adicionales en los programas de refinanciamiento y líneas de crédito. El asambleísta Leonardo Barrezueta indicó que, a pesar de que la propuesta de Ley es prioritaria para lograr el alivio financiero de las familias ecuatorianas y que se suman a las iniciativas presentadas por diversos sectores ante la Asamblea Nacional, es necesario establecer la obligatoriedad de no generar intereses adicionales en los 90 días.

Por su parte, el PSC y la Bancada La 6 y Aliados, mediante comunicado oficial, manifestó su rechazo a cualquier tipo de medida que afecte la economía de la ciudadanía, como el impuesto vehicular y a las universidades, que ha sido eliminado en el tratamiento de la Ley en la Comisión de Desarrollo Económico. Esto, luego de que la Comisión legislativa haya aprobado el informe favorable para primer debate. La bancada señala que, si para el segundo debate se mantienen los artículos que establecen nuevos impuestos, su voto será en contra tal como sucedió en el veto del Ejecutivo que permitió el incremento del 3% al IVA.