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Finanzas: “El recálculo del presupuesto se apegará a lo que diga la ley”

Quito, 10 sep (La Calle). – Tras conocer el fallo de la Corte Constitucional, el Ministerio de Finanzas (MEF) indicó que las acciones de la institución no deben considerarse como un recorte de presupuesto ya que la Corte hace un esfuerzo constitucional. Las autoridades anunciaron un recálculo, pero no dijeron el monto de la reducción que esa medida acarrea.

“No se debe considerar que se dio luz verde a un recorte. La Corte constitucional lo que hace es un esfuerzo constitucional con el fin de coordinar adecuadamente como se utilizan los presupuestos”, dijo Gonzalo Lascano, coordinador jurídico del MEF.

Lascano se refirió de manera enfática al artículo 20 numeral b de la Ley Orgánica de Educación Susperior (LOES). Este indica que uno de los componentes del presupuesto son las rentas establecidas en la Ley del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (FOPEDEUPO).

EL FOPEDEUPO, entre otras cosas se compone de un 10% de la recaudación del IVA y un 1% del impuesto a la renta. “El presupuesto a la educación superior no fue reducido. El presupuesto no es una realidad es una herramienta técnica”, añadió.

Mantener la calidad con el nuevo presupuesto

Por otro lado, la sentencia también insta a las Universidades a restructurar sus respectivos presupuestos sin afectar la calidad de la educación.

Declaraciones de Gonzalo Lascano

“La Corte decide instar a las Facultades y Escuelas Técnicas para que, en el contexto de la crisis económica que atraviesa el país y en el ejercicio de responsabilidad y solidaridad. Por mandato de la constitución y la ley mejoren inmediatamente la racionalización y optimización del gasto sin afectar a la calidad de la educación”, indica el fallo de la Corte.

La Educación Superior atraviesa momentos difíciles en el país. Los profesores universitarios no reciben sus sueldos desde hace dos meses y tampoco percibieron el décimo. El recálculo dificulta las medidas de casa Universidad.

El 9 de septiembre, la Corte Constitucional decidió dejar sin efecto las acciones de incumplimiento presentadas por miembros de las Universidades Públicas. Las acciones se prestaron por el recorte de USD 98 millones para 12 Universidades Públicas.