María Pala Romo, ministra de Gobierno del Ecuador.

Quito, 28 oct (La Calle) .- El defensor de Derechos Humanos, Alexis Ponce advierte que el juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo la coloque como mártir para la opinión pública. A juicio del activista, los medios ayudan a mejorar la imagen de la funcionaria. Así lo indicó en una entrevista para Radio La Calle.

El juicio político beneficiará a Romo

El defensor de Derechos Humanos criticó el proceso de juicio contra la ministra Romo. “¿Por qué no lo hicieron a tiempo?”, preguntó Ponce. A su criterio, hay fuertes intereses políticos que inundan la Asamblea Nacional y ponen en duda el hecho de que el proceso contra Romo se lleve de modo adecuado.

Adicionalmente, aludió a la existencia de “operaciones mediáticas fantásticas”, destinadas a potenciar la imagen de la ministra y victimizarla ante la opinión pública. Ante cualquier resultado del juicio, Romo quedará como mártir, alertó.

Existieron violaciones a los Derechos Humanos (DDHH)

Ponce denunció los atentados contra los derechos fundamentales ocurridos en octubre del 2019. Según el defensor de los DDHH, tanto el Gobierno como los manifestantes incurrieron en excesos durante las protestas. “Hay estándares que las dos partes debían respetar, incluidos los del uso progresivo de la fuerza policial”, comentó.

No obstante, el activista alertó que, en octubre del 2019, el Estado fue el mayor violador de DDHH y no se puede equiparar su accionar con el de los manifestantes «de igual a igual».

Con su testimonio como evidencia, condenó el ataque a las zonas de paz, ocurrido la noche del 09 de octubre del 2019. La Policía Nacional perpetró este violento hecho y, según refirió, a los pocos minutos, Romo reconoció el atentado como “un error que no volverá a pasar”. Con tal fundamento, Ponce concluyó que la violencia policial no era decisión autónoma de los uniformados. “Había una política dirigida a que se genere ese tipo de represión”, advirtió el defensor de DDHH.

El activista señaló que los manifestantes y las dirigencias indígenas también restringieron derechos elementales de la población, cortando suministros de agua, impidiendo el paso de ambulancias o atacando a periodistas. “No podemos caer en la visión del cíclope”, señaló Ponce, metaforizando los enfoques sesgados de los hechos en favor de uno u otro grupo.

¿Qué hacer?

El defensor de derechos humanos calificó los hechos de octubre como “demasiado graves” y propuso que, por respeto a las víctimas de la violencia, el proceso que derive en sanciones a los implicados se haga de modo ético. “Tiene que hacérselo bien, con actores internacionales (…) se debería crear una comisión independiente de defensores de los DHH”, recomendó.

Un serio proceso que investigue las protestas de octubre y condene la violencia tanto de los actores gubernamentales como de las dirigencias indígenas, “permitiría inclusive cuestionar con mayor altura ética a la ministra y la represión policial”. (JEB).

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