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Quito, 26 oct (La Calle).- El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. En el marco del juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, Carrión sostuvo evidencias de un uso desproporcionado de la fuerza pública.

El Defensor presentó datos y acciones de la Defensoría del Pueblo en el marco del respeto a los Derechos Humanos, durante las protestas de octubre del 2019. En coincidencia con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Carrión diagnosticó un uso desproporcionado de la fuerza por parte del Gobierno.

Carrión sostuvo que las manifestaciones de octubre tuvieron amparo en el legítimo derecho a la protesta. Sin embargo, algunos actos de violencia sirvieron para que el Ministerio de Gobierno justifique la fuerte represión policial.

“Los actos violentos de las protestas no pueden justificar la represión de parte de la Policía Nacional, porque está obligada a actuar con el uso progresivo y racional de la fuerza, cosa que no ocurrió en octubre”, sentenció Carrión.

Violaciones de Derechos Humanos

Según la Defensoría del Pueblo, 1192 personas fueron detenidas en el marco de las protestas de octubre, Los derechos de libertad de muchas de estas personas fueron vulnerados por parte del Estado, mediante maltratos, incomunicación y retención excesiva sin el debido proceso. “Los propios jueces determinaron que fueron detenciones arbitrarias, no formularon cargos”, evidenció Carrión.

Los derechos de integridad y el derecho a la vida también fueron vulnerados en octubre, según Carrión. El Ministerio de Salud, el IESS y Cruz Roja reportaron 1340 personas heridas. Adicionalmente, 20 personas perdieron sus ojos por el impacto de bombas lacrimógenas y perdigones.  Según la Defensoría del Pueblo, en el contexto del Paro Nacional, hay registro de 11 fallecidos.

Carrió aludió al ataque a los centros de asistencia humanitaria, acción que públicamente reconoció Romo como un “error”, y mencionó que el hecho constituyó un atentado contra los derechos de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores e incluso personas discapacitadas.

El Gobierno niega las violaciones a los Derechos Humanos

A criterio del Defensor del Pueblo, hay evidencia clara del uso desproporcionado de la fuerza por parte del Gobierno. Sin embargo, el Gobierno no reconoce este hecho y no ha prestado servicios de asistencia a las víctimas de octubre. Adicionalmente, Carrión calificó de irresponsables e irrespetuosas las recientes declaraciones de Romo que acusan a la Defensoría del Pueblo de inventarse registros de fallecidos.

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