6 de oct (La Calle).-El asambleísta independiente, Roberto Gómez, (Ex Creo) declaró que no está cerrada la posibilidad de juicio político contra el presidente Moreno.
Entre los causales está, haber permitido que el Ministro de Economía y Finanzas priorice el pago a tenedores de bonos en lugar de destinar financiamiento para enfrentar la crisis de Covid-19.
Ecuador pagó cerca de 300 millones de dólares en plena pandemia a acreedores nacionales y del exterior. Tal acción fue calificada como un recurso necesario por varios voceros del Estado.
El Secretario del Presidente, Juan Sebastián Roldán comparó esa actitud con la del buen pagador que se acerca a la entidad de crédito a pagar lo que dispone en esos momentos.
La Constitución del Ecuador establece la posibilidad de destitución y juicio político contra un Presidente por “incumplimiento de funciones”. De acuerdo a la Carta Magna, no es posible afectar los presupuestos de áreas sensibles como son la educación y la salud.
Estas áreas fueron las más afectadas durante todo el proceso de la pandemia en el Ecuador, a partir de decisiones enteramente políticas.
Gómez dijo que la propuesta no se ha consolidado y se estaría esperando que al interior de la Asamblea, los bloques políticos, empiecen a manifestarse. Su planteamiento ya tuvo un primer acercamiento al interior de la Comisión de Fiscalización.
La actitud dilatoria de Litardo
Esteban Melo, integrante de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, sostiene que “la salud y la educación son mandatos del Estado, cuando se afecta esos derechos, se podría incumplir funciones”.
Desde la presidencia de la Asamblea se retrasa la continuidad de otros juicios políticos. Melo afirma que César Litardo, presidente de la Asamblea, no envía otros juicios políticos que ya están calificados por el Consejo de Administración de la Legislatura.
“Como integrante de la Comisión de Fiscalización solicité a mis compañeros que insistamos en el envío de los juicios políticos”, agregó.
Días atrás, la recientemente conformada Comisión de Fiscalización ya aprobó el informe favorable para el juicio político contra Christian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. (EQ)
