Quito, 16 de jul, (La Calle).-La criminalización del aborto en Ecuador incluye a quienes sufrieron una emergencia obstétrica. Un informe de Human Rights Watch así lo revela.
«Entre los 148 casos que da cuenta el informe 2009 y 2019 están también quienes sufrieron abortos espontáneos o emergencias pediátricas, así como a mujeres que, en establecimientos privados, pasaron por abortos no consentidos”.
El informe de 128 páginas, denominado: “‘¿Por qué me quieren volver hacer sufrir?’: El impacto de la criminalización del aborto en Ecuador” documenta las consecuencias que ocasionan estas leyes en Ecuador y que tienen un costo en vidas humanas al aumentar la mortalidad y morbilidad materna, como al impedir que las mujeres y niñas accedan a servicios esenciales.
Las mujeres y las niñas suelen experimentar violaciones de sus derechos al secreto profesional y al debido proceso y enfrentan obstáculos significativos para poder acceder a representación legal de calidad.
Como se mencionó, las judicializaciones afectan no solo a mujeres que desean interrumpir voluntariamente un embarazo, sino también a quienes tienen abortos espontáneos o emergencias obstétricas, o requieren atención postaborto.
Hace poco un fallo de la Corte Constitucional reformó el Código Orgánica Integral Penal, para al fin despenalizar el aborto en Ecuador.