Adrián Pérez, redactor.
Quito, 30 de sept. (La Calle). Edgardo Marcel, veedor nacional del Decreto 1158 (importación de combustibles por parte del sector privado), dio detalles sobre la veeduría que se está haciendo a las propuestas alrededor del Gas Licuado de Petróleo (GLP), es decir, subsidios y otras formas de focalización de la entrega de este producto.
Referente al secreto 1158, Marcel cuestiona a los transportistas por su afán de obtener una tarifa preferencial al adquirir gasolina. “El decreto no se puede derogar, se ha llegado a un entendimiento, que el decreto debe encaminarse por el bien del país, no hay monopolistas como los transportistas. Hay cosas que compran en tierra, mueven en ruta y dejan en centros de acopio, y se distribuye en pequeños camiones, al final el producto llega al consumidor con un incremento en razón del transporte y la excusa de que el diésel ha aumentado”.
¿Hay o no correlación de precios?
El gobierno dice que no hay una correlación entre los precios de los productos derivados del petróleo y los de primera necesidad. Pero, la realidad es otra, sí existe y es necesario llegar a un dato objetivo. Considerando que la canasta básica está en USD. 712,65; el principal afectado es el pueblo.
Gas Licuado de Petróleo (GLP)
El país tiene un cheque en blanco, que el gobierno no hace caso porque tienen quienes compran y licitan pozos de petróleo y eso rinde más dinero a cualquier comerciante que la captación o el producto GLP que tenemos.
Contradicciones
Marcel dice “el gobierno sigue emitiendo a empresas permiso de importación de gas natural, cuando tenemos reservas para 25 años. A propósito, Carlos Pérez, exministro de Hidrocarburos, es representante de una empresa americana, interesada en el Campo Amistad (Reserva de Gas natural) de Machala. Los transportistas tienen capital en juego, pero tiene que regularse, Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Transporte Interprovincial pide que se fiscalice, pero y ¿el pueblo?”.
Marcel hará el último intento para ser recibido por el presidente o funcionarios y dialogar sobre el decreto. “Parece que la veeduría ciudadana al Gobierno no le interesa mucho” concluyó.
