Sebastián Tamayo Villarroel

Durante la emergencia sanitaria, el Ejecutivo implementó varias medidas económicas acordes a las exigencias del Fondo Monetario Internacional para Ecuador.

De allí surge la Ley Humanitaria que no es otra cosa que, la norma escrita para la anhelada flexibilización laboral.

Junto a las desvinculaciones del sector público, cuesta creer las últimas cifras del INEC. Más aún cuando son citadas por el Lenín Moreno en cadena nacional.

De acuerdo con los datos del mes de septiembre, el desempleo bajó de 13,3% al 6,6%; el subempleo pasó del 34,5% al 23,4% y el empleo adecuado incrementó del 16,7% al 32,1%.

Con ello surgen varias interrogantes pues, se ha denunciado la astucia de algunos elementos del sector privado que recurren a la liquidación y recontratación de sus empleados para cambiar sus condiciones salariales amparados en la Ley Humanitaria.

El incremento de la pobreza

Además de ello, el incremento de la pobreza en el Ecuador ha obligado a los jóvenes a abandonar las aulas universitarias para sumar mano de obra joven a la Población Económicamente Activa, a precios de remate, simplemente porque no hay otra opción.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, en el sector público se ha desvinculado ilegalmente a cerca de 400 personas entre discapacitadas y en periodo de gestación. Cabe mencionar que el empleo adecuado de las mujeres de encuentra 10 punto porcentuales por debajo de los hombres. Mientras que, el empleo no remunerado en las mujeres es 10% mayor que el de los hombres.

En definitiva, el costo social de las medidas económicas que sugiere el Fondo, no escatima atentar contra el pleno empleo, discapacitados y mujeres. El INEC, así como el resto de instituciones del Estado, socapa la desigualdad, el desempleo y la pobreza para maquillar la penuria que dejó las decisiones económicas de Martínez.    

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