Quito, 30 nov (La Calle).- El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, expresó para Radio Pichincha que demandará penalmente por simulación de funciones a cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).
El Legislativo ya había presentado una notitia criminis por la misma causa contra Hernán Ulloa, María Fernando Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo.
«El día de hoy, miércoles 30 de noviembre, presentaremos la denuncia formal contra el señor Ulloa y los otros exconsejeros, porque no pueden simular funciones. No pueden adueñarse del edificio del Consejo y menos de la Ley y la Constitución», refirió.
Ulloa tiene la venia de Lasso
El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, reconoció a los consejeros encabezados por Ulloa el 25 de noviembre. Señaló que cuentan con el respaldo del presidente Guillermo Lasso para continuar en sus funciones.
Sin embargo, Saquicela explicó que no se trata de reconocer, sino de aplicar la ley y respetar las funciones de cada poder del Estado. Mencionó que todos los actos de la mayoría gobiernista de Ulloa no tienen validez alguna. «Sus actos son nulos, porque ya fueron destituidos».
En cuanto a la ausencia de informe, Saquicela manifestó que si no hay informe, eso corría por responsabilidad de la Comisión de Fiscalización de Villavicencio. Expuso que se aplicó el último inciso del artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. «Si no hay informe, se pasará a conocimiento del Pleno y resolverá», acotó.
Revocatoria de la medida cautelar
El presidente del Legislativo apuntó que interpusieron una revocatoria a la medida cautelar que suspendió la destitución y censura a los cuatro consejeros durante el juicio político. Sin embargo, recién mañana 1 de diciembre se conocerá la decisión de este recurso.
Además, ironizó que se hayan presentado 15 acciones de protección a favor de Ulloa y compañía. Pará él, se abusó del derecho en este caso.
Si la decisión de revocatoria no es favorable, Saquicela dijo que fiscalizarán y actuarán conforme a las competencias de la Asamblea. En cambio, resaltó que las denuncias de los consejeros contra él no tienen base legal ni moral.
Sobre el juez de La Concordia
Saquicela rechazó la injerencia del poder judicial en el Legislativo. Consideró una falta de respeto tanto la resolución del juez de La Concordia, Ángel Lindao a favor de los consejeros gobiernistas como la resolución a favor de Villavicencio para evitar su suspensión por comentarios discriminadores.
«Se demostró que hubo agresión del asambleísta Fernando Villavicencio hacia su colega Patricia Núñez. No se le expulsó del puesto», dijo.
Por otro lado, agregó que analizarán la función de la justicia y su intromisión. Indicó que es necesaria una reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales para poner parámetros fijos frente a las acciones de protección. Esto con el fin de evitar la subjetividad de los jueces y que no primen los criterios políticos y mediáticos.
Juicio Político
El 18 de noviembre, el Pleno de la Asamblea destituyó y censuró a Ulloa, Rivadeneira, Estupiñán y Bravo por incumplimiento de funciones. No obstante, un juez aceptó una medida cautelar que suspendió la resolución del Legislativo. Al día siguiente, los consejeros destituidos retomaron sus cargos en el Cpccs.
El 24 de noviembre, la Asamblea intentó posesionar a los consejeros suplente, pero ninguno asistió. Finalmente, el 28 de noviembre, el Pleno logró posesionar a uno de los suplentes, Olindo Nastacuaz. Desde el Cpccs anunciaron acciones penales.
