Fuente: Chicago Tribune
La oposición Chilena no consiguió la aprobación, en el Senado, para el juicio político y destitución del presidente Sebastián Piñera. Necesitaban 29 de los 43 votos del Senado, para remover al mandatario. La oposición sólo cuenta con 24, por lo que era imprescindible cinco sufragios del oficialismo.
Aunque la votación aún no concluye, ya votaron 15 de los 19 legisladores gobiernistas. Esto hace imposible que alcancen a los 29 votos. El fracaso del juicio político contra Piñera se esperaba, pues era muy improbable que cinco oficialistas aprobaran accionar contra el presidente.
La crucial sesión se produce a sólo cinco días para que los chilenos acudan a las urnas a elegir presidente para el período 2022-2026. Al término de su mandato, el 11 de marzo de 2022, será Piñera quien entregue el poder al ganador de los comicios presidenciales.
El mandatario sigue en funciones tras la admisión del juicio político por la Cámara de Diputados, hace una semana. Solo tiene prohibido salir de Chile, pero cuando se formalice el rechazo del juicio político, su arraigo será levantado.
Las acusaciones contra Piñera son “haber infringido abiertamente la constitución y las leyes” y “haber comprometido gravemente el honor de la nación”. Las acusaciones se votarán por separado.
La sesión
La sesión inició el martes temprano, con la intervención de tres diputados acusadores sobre los fundamentos que llevaron a la Cámara de Diputados a admitir, hace una semana, el juicio por 78 votos a favor, 68 en contra y tres abstenciones. Siguió con la presentación de los descargos de Piñera, por intermedio de su abogado.
Los diputados dijeron que Piñera favoreció la venta de un proyecto minero y portuario familiar, pactada en un paraíso fiscal, para eludir impuestos. Así afectó el principio de probidad y dañó gravemente el prestigio de Chile.
El abogado defensor, Jorge Gálvez, alegó que Piñera “goza de una inocencia judicialmente establecida”, tras una indagación judicial, de 2017, que incluyó la revisión de 1.800 correos electrónicos, que lo sobreseyó tras concluir que no intervino ni usó información privilegiada en la transacción de 2010.
Agregó que la venta del negocio familiar fue hecha por una sociedad en la que los hijos del gobernante tenían una participación “no controladora”. Que los hechos están prescritos y que Piñera se enteró de la transacción luego de finalizado su mandato, en 2014.
La constitución establece que un gobernante puede ser enjuiciado políticamente durante su gestión y hasta seis meses después de concluido su término.
La acusación fue presentada, en octubre, por 16 diputados opositores luego de conocidos los Papeles de Pandora, una investigación periodística internacional, sobre negociados en paraísos fiscales. Por estos hechos, la Fiscalía Nacional abrió una investigación penal para indagar si las revelaciones de los Papeles de Pandora “pudieran revertir caracteres de delito”, relacionados con cohecho, soborno o infracciones tributarias.
Este es el segundo juicio que enfrenta Piñera durante su segundo mandato (2018-2022). El primero fue a fines de 2019 y no llegó a tramitarse por no reunir los requisitos necesarios, según la mayoría de los diputados.
