Quito, 01 dic (La Calle). – El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, recalcó que todas las acciones realizadas por los consejeros destituidos serán nulas. También presentará una denuncia en Fiscalía contra los cuatro consejeros del Cpccs por simulación de funciones. Así lo ratificó en entrevista para Radio La Calle.
“Todo acto de estos señores que están atrincherados en donde no les corresponde, será de nulidad absoluta”, recalcó el titular.
Según Saquicela, gran parte de los funcionarios en Cpccs fueron puestos por el presidente de este órgano del Estado, Hernán Ulloa. Por lo tanto, tiene la posibilidad de adueñarse de las instalaciones. Desde el Legislativo, emitieron una solicitud al Ministerio de Trabajo para que se les suspenda el sistema de Quipux a los consejeros destituidos, sin embargo, aún no lo hacen.
La revocatoria
El 22 de noviembre, el juez de Santo Domingo, Ángel Lindao aceptó una medida cautelar interpuesta por el ciudadano Manuel Párraga. La acción dejó sin efecto la destitución de los consejeros, Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo. Ante la situación, Saquicela solicitó una revocatoria en la resolución.
Como respuesta, el denunciante cambió la medida cautelar autónoma a una medida de protección en el mismo trámite. También aseveró que si no se da la revocatoria va a presentar la apelación a la Corte Provincial de Santo Domingo.
“Yo creo que cualquier juez, menos el que está comprometido con esta situación, podrá revocar una situación de esta naturaleza”, resaltó.
Además, mencionó que en el informe, el juez pedía que se deje sin efecto la sesión 112, que fue el día de la recomendación de juicio político. Sin embargo, días más tarde ratificó un “error de tipeo” en el documento por lo que pedía que fuera anulada la sesión 115, que fue el día de la destitución.
Un juicio justo
En la sesión 49 del Pleno del Cpccs, Ulloa manifestó que en el juicio político no existió un informe sobre el cual puedan defenderse. Todo giró en torno a la moción presentada por la asambleísta, Mireya Pazmiño.
Saquicela explicó que la Comisión de Fiscalización sustanció el juicio político. Durante este proceso, los siete consejeros investigados en ese momento tuvieron el derecho a la defensa. Posteriormente, la Comisión tenía un plazo de ocho días para presentar el informe, pero pidieron una prórroga de cinco días. Luego de este tiempo no se presentó el informe porque no alcanzaron los votos para su consolidación.
Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), en 48 horas se debe emitir un documento que detalle las razones por las cuales se archivó el trámite. Sin embargo, la Comisión pidió la reconsideración y emitió un informe fuera del plazo por lo que jurídicamente era inexistente, según el titular del Legislativo.
De acuerdo con la ley, si no existe una resolución en la Comisión, el Pleno debe tomar una decisión respecto a la aprobación de un juicio político. En este sentido, en el debate se dio paso a la orden del juicio político a los cuatro consejeros del Cpccs y días después se resolvió su destitución. (A.G.M).
