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Villavicencio busca combatir la corrupción que negó por salvar a Lasso

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Quito, 22 jun (La Calle).- El plan de trabajo del exasambleísta y candidato a la Presidencia, Fernando Villavicencio, asegura que dentro de las empresas públicas, como Flopec, hay corrupción. Sin embargo, durante el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso negó lo que ahora pretende combatir.

Villavicencio estableció diversas propuestas, entre ellas una relacionada con las empresas públicas. Para el candidato que busca sentarse en el sillón presidencial “los escándalos relacionados con las tramas de corrupción enquistadas en las empresas públicas del país” no se pueden repetir.

Según el candidato, la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) junto a otras entidades que realizan acciones similares son superfluas, es decir, que no cumplen ni desempeñan ninguna función. Por ello, se pretende eliminarlas para que el Gobierno Nacional adopte las responsabilidades de las mismas, ejerciendo rectoría.

De la misma manera, el exfuncionario resaltó que se creará un Sistema de Alta Dirección Pública para evaluar los perfiles de quienes ejerzan cargos de alta gerencia de las empresas públicas. El objetivo sería que situaciones como la del caso Encuentro o El Gran Padrino no se repliquen al momento de elegir a los encargados de las instituciones públicas.

Que no había corrupción en Flopec, dijo Villavicencio

Cuando el exlegislador estaba frente a la Comisión de Fiscalización y Control Político, aseguró que el proceso de juicio político contra Lasso “estaba caído”. Para el exasambleísta, el documento no reunía todas las pruebas acusatorias.

“Este proceso se cae porque no hay huella de las acusaciones de presunta responsabilidad con una estructura narcodelictiva. Tampoco hay acusación alguna en el sector eléctrico o petrolero“, respondió en su momento cuando defendía al primer mandatario.

Asimismo, el 17 de febrero de 2023, sostuvo que en el juicio político había una conspiración en la mesa parlamentaria multipartidista que “buscaba castigar al Gobierno” porque no había ninguna prueba que incriminara al jefe de Estado. (DCJ)