Quito, 15 abr (La Calle). – El viceministro de Economía y Finanzas publicó un comunicado en el que asegura que desde mayo de 2018 ya no es director ni accionista de la compañía Ríomanzo S.A. en Panamá, pues cedió sus acciones.
Sin embargo, en su declaración no informa a quién cedió sus acciones. En la empresa, quien ocupa su anterior cargo (tesorero) es su madre, Carlota María del Carmen Ponce.
Por tanto, si bien Ferro sostiene: «En la fecha que asumí el cargo no era director ni accionista de ninguna compañía domiciliada en Panamá, ni en ningún otro paraíso fiscal», cedió sus acciones a su madre. Además, su padre, José Alberto Ferro Torre, figura como presidente y representante legal y su hermana, Gabriela Ferro Ponce, como secretaria y directiva.
La Ley Orgánica de Aplicación de la Consulta Popular de 2017 dicta que no «se entenderá que se ha efectuado la transferencia si aquella se efectuare en favor de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o a nombre de terceros vinculados a aquel».
Por tanto, la cesión de acciones es inválida y Ferro viene incumpliendo esta ley desde julio de 2019.
En el artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal se establece que “La persona que, al declarar, confesar, informar o traducir ante o a (sic) autoridad competente, falte a la verdad bajo juramento, cometa perjurio, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años”. El viceministro, entonces, al entregar una declaración juramentada alegando que no tiene vínculos con paraísos fiscales, estaría cometiendo el delito de perjurio o falso testimonio.
