Quito, 15 may (La Calle).- La Unión Nacional de Educadores (UNE) y el Frente Popular anunciaron nuevas movilizaciones el 16 de mayo, desde las 16:00, como apoyo al juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.
La UNE se concentrará en los exteriores de la Asamblea Nacional para vigilar el proceso contra el jefe de Estado. El secretario Jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz, comentó que Lasso acudirá al Pleno para presentar su defensa.
El presidente del Pleno, Virgilio Saquicela, mencionó que la sesión para el juicio político será el martes 16 de mayo a las 10:00. Mientras que, la votación para la censura y destitución del primer mandatario se prevé el sábado 20 de mayo.
¿Por qué marchan?
La organización de educadores aseguró que el Gobierno Nacional incumplió con la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) e impuso requisitos que están fuera de la norma. Entre ellas: puntajes por experiencia laboral, desconocimiento de títulos de tercer y cuarto nivel.
Además, denunció que no se entregaron todas las partidas ofertadas. Por ejemplo, en el concurso de educación básica prometió 400 partidas para las 24 partidas. Sin embargo, solo se entregaron 216 a nivel nacional. Es decir, 184 no se entregaron.
“Frente a esta y otras problemáticas, como falta de infraestructura, escuelas seguras, equiparación salarial, recorte de presupuesto en el área social, la UNE retomará las acciones de movilización en todo el país“, reza el comunicado.
Finalmente, irá a la Asamblea
El pasado 10 de mayo, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, enfatizó que el presidente presentará su defensa en la Asamblea Nacional por el juicio político que lleva en su contra por el presunto delito de peculado.
Cucalón enfatizó que todo este proceso se desarrolló y terminará “sin argumentos y lleno de vacíos”. Además, mencionó que los 88 votos que dieron los asambleístas para que el juicio continúe no merece un “festejo y tampoco un velorio”.
Según el ministro, Lasso no ha incurrido en peculado, pues hasta el momento no se ha presentado ninguna prueba que lo confirme. Sin embargo, en la individualización de pruebas y el dictamen de la Corte Constitucional (CC) se evidenció que el mandatario habría incurrido en ese delito. (N.J.C)
