Quito, 3 Abr (La Calle).- La Universidad Central del Ecuador (UCE) expuso un comunicado en el que se opone rotundamente al Decreto 707, respecto del porte de armas en el país. La institución calificó dicho accionar como una política de riesgo.
«La violencia y la criminalidad ha generado una grave situación de incertidumbre en la sociedad ecuatoriana. El problema obedece a algunas causas estructurales que deben ser abordadas con estrategias a corto y mediano plazo«, inicia el comunicado refiriéndose a la raíz de la crisis que vive el país actualmente.
Según se argumenta, la medida implica riesgos imprevisibles y pretende aplicarse sin tomar en cuenta las advertencias sobre estos posibles riesgos. Especialistas sostienen que la medida podría desencadenar aún más violencia en los sectores más vulnerables del país.
Incorporar a personal policial apto es una opción
Para la UCE, la incorporación de nuevos miembros mediante la selección de los postulantes más idóneos para cargos como policías, es indispensable para que la ciudadanía se sienta resguardada por personal capacitado y con vocación de servicio. Asimismo, la institución se ofreció a brindar su ayuda para que estos procesos cumplan con todas las exigencias del caso.
«Las empresas privadas de seguridad también deben contar con apoyo de observatorios de la sociedad civil para mantener estándares apropiados como organizaciones complementarias de seguridad y deben disponer de una dotación mínima de disuasión; pero no se puede vender armas a los ciudadanos«, enfatizó el centro de estudios superiores.
«En el mundo las sociedades menos violentas son las que han alcanzado alto grado de desarrollo humano: salud, educación universal, ingreso familiar y mayor expectativa de vida«, se menciona en el comunicado.
Anaquilar el desempleo e invertir en educación
Una de las alternativas que se proponen para combatir la ola de violencia es generar mayores fuentes de empleo. El objetivo es que las familias del país lleguen a un punto de estabilidad. Asimismo, expresa que promover la educación alejará a los jóvenes y adolescentes del peligro de vincularse al crimen organizado. Para ello, ampliar la oferta académica resulta imprescindible.
«La disminución del desempleo es urgente en esta política contra la violencia, eso exige inversión agresiva en créditos productivos y en obra pública«, expresa la UCE.
Por último, se afirma que el decreto 707 vulnera el principio de legalidad prescrito en el numeral 2 del Art 132 de la Constitucion. «Se aspira a establecer la preminencia de los ciudadanos frente a la delincuencia, es impostergable revisar las leyes pertinentes y las políticas públicas. Es decir, combatir la impunidad», concluye el comunicado.
A la Universidad Central del Ecuador se suman seis centros de educación superior que también rechazaron la autorización del porte de armas para uso civil promovida por el presidente Guillermo Lasso.
JR
