Quito, 01 dic (La Calle).- El Tribunal Penal de Pichincha declaró este martes inocente a la excoordinadora general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), María Sol Larrea. La exfuncionaria y dos familiares fueron acusados en junio de 2020 por presunta participación en el delito de lavado de activos.
La Fiscalía General del Estado se mostró en desacuerdo con el dictamen de los jueces y señaló que apelará el fallo.
“Luego de cinco días de audiencia de juicio, en los que la Fiscalía y las defensas de los procesados presentaron sus elementos probatorios ante un Tribunal de Pichincha, Carlos E. recibió una pena privativa de libertad de seis años por el delito de lavado de activos (…) En su fallo, los jueces resolvieron ratificar el estado de inocencia de María Sol L., exfuncionaria del IESS, y Marcelo E”, indica el boletín de prensa de la Fiscalía.
En cuanto a sus dos familiares, el Tribunal dictó pena privativa de seis años en contra de Carlos E., por el delito de lavado de activos. Además, deberá pagar una multa de USD 980 mil, que corresponde al doble de dinero lavado. Mientras que para Marcelo E., los jueces ratificaron su inocencia.
Así mismo, se dispuso la disolución y extinción de las personas jurídicas Dialilife, Guederian, Dialvida y Nipseservicos, también como responsables del delito.
Los hechos
La investigación de Fiscalía resolvió que los procesados habrían obtenido de forma irregular contratos por alrededor de USD 91,1 millones por medio de empresas creadas por ellos mismos. Los principales clientes de estas empresas habrían sido el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Ministerio de Salud Pública y coordinaciones zonales de Salud. Los hechos delictivos se habrían cometido entre 2008 y 2018.
Según las pruebas periciales, testimoniales y documentales, los delitos se habrían consumado con la utilización de personas jurídicas (empresas), a través de las cuales se habría colocado dinero en el sistema financiero nacional. Estos montos se transfirieron entre las empresas, fingiendo que provenían de proveedores y clientes.
Acusada en otros delitos
La exservidora pública tuvo sentencia en otras dos causas por tráfico de influencias. La primera por irregularidades en un contrato por servicios de limpieza en unidades médicas del IESS, en 2017; y la segunda por irregularidades en un contrato para la adquisición de medicamentos para la misma institución, en 2018. Finalmente, por cada caso recibió un año de cárcel.
Actualmente cumple una pena de ocho años de prisión por peculado. (CE).
