Quito, 3 feb (La Calle).- El ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrara tiene una segunda solicitud de juicio político por el estado de la red vial en el país. Esta petición fue calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y notificada a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
El asambleísta por Pachakutik, José Chimbo presentó esta segunda solicitud y la primera la puso el legislador Jorge Abedrabbo por supuestos incumplimientos en las vías en la provincia de Bolívar.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, comentó que las dos solicitudes se unificarán y se presentará a la Comisión la tercera semana de febrero, luego del juicio político al exministro del Interior, Patricio Carillo.
Los procesos contra Herrera se deben al presunto abandono de las vías en la Amazonía, la conexión entre las provincias de Sucumbíos, Napo y Pichincha y los inconvenientes en la variante San Luis – Reventar por más de un año.
También, se denuncia un supuesto perjuicio en la inversión pública en material vial por falta de gestión. “No hay ejecución presupuestaria del 61 % a noviembre de 2022”, según El Universo.
Incumplimientos
Según Chimbo, el ministro incumplió los contratos y asignación de fondos para ejecutar las vías Santa Fe- Caluma y Talahua- Facundo Vela. Además, la promesa institucional de la construcción de la vía Ambato-Guaranda- Babahoyo de cuatro carriles.
En la Costa
El asambleísta mencionó que el 80 % de las vías en Manabí, Guayas, Santa Elena, El Oro y Esmeraldas están en abandono. En el caso de Santa Elena solicitan información del contratista, proceso de selección y cumplimiento de trabajos.
Además, los legisladores piden información de la ejecución del proyecto Santo Domingo-Buena Fe sobre las estaciones de peaje operativas, aporte de concesionarios, reducción de peajes en la obra y el financista del proyecto.
El “quinto puente”
Herrera deberá entregar la documentación sobre el proyecto Viaducto Sur o “quinto puente” sobre el avance, mecanismo de contratación y la resolución del conflicto con la Prefectura del Guayas. (N.J.C)