Quito, 16 mar (La Calle). – «No nos llama la atención, pero sí nos indigna. Es un retroceso en materia de derechos (…) Lo que se pretende es obstaculizar cualquier ampliación de derechos que se traduzca en mayor libertad y autonomía de las mujeres», dijo Sybel Martínez durante una entrevista con Radio la Calle, respecto del veto presidencial a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en casos de violación.
Martínez, quien es vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Niños y Adolescentes del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) y directora de Rescate Escolar, considera que el Ejecutivo ha condenado a las niñas, adolescentes, mujeres y «personas gestantes», vulneradas sexualmente, a la maternidad.
«Lo que han hecho ahora tiene que ver con limitarnos a la maternidad, a nuestro rol materno pese a cualquier circunstancia (…) Se está subordinando nuestro cuerpo y nuestros planes de vida», la activista.
Por otro lado, Martínez también se cuestionó sobre la parcialidad del veto y señaló. «Lasso dice que la Asamblea no se ha ceñido a lo que dice la Corte Constitucional; no es cierto, porque (…) en bloque de constitucionalidad, lo lógico era que el vete la ley por inconstitucionalidad».
La funcionaria y activista también manifestó que las organizaciones y movimientos defensores de derechos interpondrán demandas de inconstitucionalidad.
«Al final del día nosotros vamos a seguir demandando en todos los espacios nacionales e internacionales el cumplimiento de los derechos (…) habrá que demandar la inconstitucionalidad nuevamente».
Sobre la unificación de los plazos
Lasso realizó 61 observaciones y tendrá que presentar un nuevo texto al Legislativo. Dentro de estas observaciones, el mandatario contempló el unificar en doce semanas el tiempo máximo legal para interrumpir el embarazo en caso de violación.
Con lo anterior, el gobernador prevé eliminar la excepción de dieciocho semanas contemplada por la Asamblea para niñas, adolescentes, indígenas y otras mujeres del área rural.
Martínez señaló al respecto que «cuando uno trata de equiparar en términos de derechos y alega el principio de igualdad y no discriminación, siempre vamos a tender a lo alto, a la alza, o no a la baja (…) Se entiende, en materia de derechos, la no regresividad de los derechos».
Además, la funcionaria dijo que, desde una visión técnica, lo que el mandatario tuvo que hacer fue elevar los plazos, y no disminuirlos.
Sobre los requisitos para el acceso a la interrupción
Martínez manifestó que el mandatario ha actuado desde el prejuicio. «En el momento en que, por ejemplo, se dice que hay que poner una denuncia, una declaración juramentada, o hacer un examen médico a las mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Que las mujeres mienten y, por lo tanto, cualquiera de estas mujeres o estas niñas van a inventarse que sufrieron una violación para poder abortar», dijo la funcionaria.
El veto, ¿una cuestión religiosa en un Estado laico?
Sybel Martínez tambien considera que el actuar del presidente Lasso, además de llevarse a cabo desde el prejuicio, también ha llevado a cabo un «secularismo estratégico».
«Lasso haciéndose pasar por una persona que se pone al margen de sus creencias, en realidad está actuando y legislando desde sus creencias para justificar todo lo que sucede en esa ley», dijo la funcionaria.
Además, añadió que «él debía hacer prevalecer efectivamente o manejarse exclusivamente en términos técnicos, jurídicos bioéticos, algo que no ha hecho». También señaló que «se supone que él (Lasso) cómo colegislador no tiene que legislar a través de sus dogmas, de su fe, de sus creencias».
Contexto
El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, impuso un veto de manera parcial a la ley que regula el aborto en casos de violación, este martes.
Lasso publicó una carta en su cuenta de Twitter donde señala que son cerca de 61 observaciones a la ley. Entre las observaciones están los plazos de acceso al aborto, requisitos para el acceso a la interrupción de la gestación y las condiciones para la objeción de conciencia del personal médico.
La Asamblea Nacional tendrá un plazo de 30 días para aprobar con mayoría simple, es decir, 71 votos, las observaciones del Ejecutivo o ratificarse en el texto original, para lo que requerirá las dos terceras partes de la cámara: 92 votos.
La ley fue recientemente aprobada por el Legislativo, tras una sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó la interrupción del embarazo, de forma voluntaria, para mujeres víctimas de violación sexual.
La organización Plan Internacional en Ecuador, recogió, hasta fines de noviembre de 2021 que, en promedio, la Fiscalía General del Estado recibe 14 denuncias de violación por día. Tres de las denuncias suelen ser por niñas menores de catorce años.
Por otro lado, la organización también recopiló que alrededor de siete niñas menores de 14 años dan a luz cada día en el país, la mayoría de ellas producto de violencia sexual llevada a cabo por un adulto conocido.