Quito, 17 sep (La Calle).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó a los exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana, Edwin Jarrín, Tania Pauker y Sonia Vera, la admisión de su demanda por la vulneración a la Constitución y sus derechos humanos, incurridos con la aprobación de la pregunta 3, en la consulta popular del 4 de febrero del 2018.
El exconsejero Edwin Jarrín explicó a Radio La Calle que, en diciembre del 2017, solicitó a la CIDH pedir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas provisionales, en relación a la Consulta Popular de febrero. La demanda solicitaba la suspensión de la pregunta 3, porque al no existir un informe de constitucionalidad y por las competencias extraordinarias otorgadas a un Consejo Transitorio, se configuraba una violación a la Constitución y los derechos humanos.
El 6 de febrero del 2018 la Comisión Interamericana solicitó a la Corte medidas provisionales. Sin embargo, la Corte rechazó el pedido porque la consulta ya fue ejecutada y existían resultados electorales. “Nos dijo que agotemos las medidas nacionales y que ellos no se iban a pronunciar sobre el fondo de la consulta. Tenían la seguridad que eso lo iban a analizar posteriormente”, señaló Jarrín.
En este proceso, hay que resaltar el voto salvado del juez Eugenio Zaffaroni, quien advirtió el desastre institucional y a la democracia que ocurriría si se hacía efectiva la Consulta.
¿Qué implica la resolución de la CIDH?
La Comisión admitió la causa de Edwin Jarrín, Tania Pauker y Sonia Vera, porque se violentaron sus derechos humanos. Además, porque ocurrieron procesos fuera de la norma constitucional, implementados por el Consejo Transitorio.
Ahora, los demandantes disponen de un plazo de 6 meses para allanarse al dictamen o agregar temas de fondo. La notificación de la CIDH le dice al Estado que, para evitar el litigio, tiene 6 meses para establecer un acuerdo reparatorio a las víctimas.
“Lo que viene es un plazo de 6 meses para que nosotros argumentemos cosas en la resolución, en función de lo que están planteando ellos, para llegar a la Corte Interamericana. Después de esos seis meses, la Comisión pasará el expediente completo a la Corte Interamericana.
En términos políticos, para Jarrín, esta resolución confirmaría que la Consulta hecha por el presidente Lenín Moreno fue utilizada para dar un golpe a las Funciones del Estado: a la de Transparencia y Control Social, a la Electoral y a la Función Judicial, además de la Corte Constitucional.
“Moreno justificó la Consulta para poner a sus autoridades y Lasso está volviendo a plantear una Consulta. Lo advertí en 2017, que cada presidente va a llamar a una Consulta para poner sus propias autoridades. Lasso amenazó con una Consulta para este año, lo que esta buscando es hacer exactamente lo mismo. Él quiere ver cómo pone sus autoridades en todas las funciones del Estado”, aseguró.
¿Lasso y la dedocracia en la Consulta?
“Poner su Consejo de la Judicatura, su Corte Nacional, su Corte Constitucional, su Fiscal, su Defensor del Pueblo, su Contralor. Es decir, designar él, con pretexto de una Consulta Popular, para volver a dar un golpe de Estado a las instituciones”, sostuvo.
Jarrín también advirtió que la resolución de la Corte Constitucional, emitida la víspera, que desestimó el pedido de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, transformar a la Asamblea en bicameral y una mayor autonomía para la Fiscalía, ha sido fatal para el gobierno de Lasso.
Con este panorama posible que se caiga la Consulta de Lenín Moreno; también es posible que se caiga la Consulta que pretende realizar Lasso.
