por Nataly Jiménez Castro
Quito, 20 oct (La Calle).- El presidente Guillermo Lasso presentó dos preguntas ante la Corte Constitucional (CC) para arrebatarle las funciones de designación de autoridades al Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs). El Ejecutivo plantea que esta potestad vuelva a manos de la Asamblea Nacional.
Radio La Calle conversó con expertos constitucionalistas que explicaron los posibles escenarios e intereses detrás de estas jugadas políticas. Los abogados Ramiro Aguilar, Mauro Andino y André Benavides coincidieron en que sí es posible quitar esta facultad al Cpccs a través de las preguntas postuladas en la consulta popular.
¿A qué quedaría relegado el Consejo?
Aguilar señaló que el Presidente pretende vaciar las funciones del Consejo y al disminuir sus competencias lo que quedaría de esa institución es una “mera formalidad”. Por otro lado, Andino enfatizó que la entidad únicamente mantendría dos funciones: fomentar la participación ciudadana y combatir la corrupción. Benavides sostuvo que el Cpccs quedaría como una instancia a cargo de veedurías ciudadanas, temas de corrupción y nada más.
“Quitarle funciones al Consejo es volverlo intrascendente, pero mientras no lo desaparezcan, existe y puede cambiar sus competencias o añadirlas otras”, precisó Aguilar.
La Asamblea Nacional como designadora de autoridades
Para Aguilar, si se llega a eliminar esta atribución al Cpccs no queda otra institución que la Asamblea. Sin embargo, Andino cuestionó esta propuesta de Lasso, pues el mandatario en reiteradas ocasiones manifestó sus desacuerdos con el Legislativo. Los abogados mencionaron que el proceso de selección de autoridades dentro del Parlamento respondería a la mayoría de votos.
“Es una contradicción que, a lo sujetos que el presidente llamó ladrones, que dice que nadie vale la pena, que son una desgracia, que puede gobernar sin el apoyo de ellos, les otorgue una facultad como esta”, puntualizó Andino. Entonces, qué trucos esconde el presidente…
Además, comentaron que no puede existir un ente superior a la Asamblea que regule las designaciones, pero Benavides detalló la posibilidad de crear una veeduría ciudadana o un observatorio que vigile estos procesos.
“Lo que puede pasar es que elijan a alguien que no cumpla los requisitos establecidos en la Constitución, esto se vuelva inconstitucional y se pueda poner una medida de protección. Lo que sí podría haber es un control constitucional. Es decir, que se vele si se cumplió o no con los requisitos de la Constitución”, apuntó Aguilar.
Parámetros que debe seguir el proceso de designación
Aguilar supone que las especificaciones que deberían seguir son requisitos legales como: edad, rango y procesos de oposición (examen, merecimientos, títulos y hoja de vida).
En cambio, Andino recalcó los vacíos que tienen las preguntas en cuanto a los parámetros que debe seguir este proceso. Resaltó que no se detallan los requisitos, prohibiciones, criterios de postulación y apelación de los postulantes. “No señalan los méritos que deben tener los aspirantes, ni los miembros de la Comisión Técnica que los elegirán”, reiteró.
Intereses políticos dentro del Legislativo
El abogado Aguilar manifestó que el Cpccs es un ente igual o más político que la Asamblea. “La diferencia es que la Asamblea tiene 137 legisladores que representan a los sectores políticos del país y el Cpccs tiene siete “gatos” que se representan a sí mismos y encubren la representación de los sectores políticos del país”, señaló.
Trucos detrás de las dos nuevas preguntas presentadas
Andino expuso que la reformulación de las preguntas sobre la designación de autoridades se realizó mediante una enmienda constitucional. Es decir, acogió todo lo que la Corte Constitucional le sugirió. No realizó un cambio estructural profundo, pero puntualizó las preguntas con las sugerencias emitidas.
“Lasso dejó de poner en las preguntas que él será el centro de poder y propuso que sea el Legislativo quien se encargue de esta designación”, comentó.
Además, advirtió que para este proceso de designación se creará una Comisión Técnica de selección que estará conformada por:
- Cinco representantes del Estado (un delegado por cada poder del Estado).
- Cuatro veedores (dos ciudadanos elegidos por sorteo y dos representantes de las universidades mejor puntuadas).
“A diferencia de las preguntas pasadas, ya no serán miembros del Ejecutivo quienes envíen el binomio o la terna de los postulantes”, dijo. También comentó que una vez aprobadas las preguntas por la CC, se deberá revisar a profundidad la pertinencia de los anexos y cuestionarios. Agregó que habría que considerar la redacción de las preguntas, que sean sencillas, claras, neutras y que no dirijan a una respuesta al ciudadano.
Disposiciones transitorias en las nuevas preguntas
El jurista Andino comentó que existen dos disposiciones a las que se les debe prestar mucha atención:
1.- Una vez aprobadas las enmiendas en referéndum, el Ejecutivo enviará varios proyectos de ley a la Asamblea en un plazo de 180 días para que estos proyectos puedan desarrollar y regular el contenido de esas enmiendas.
2.- Desde que se aprueban las enmiendas, la Asamblea tendrá que presentar y aprobar varios proyectos de ley, que podrán regular y desarrollar el contenido de las enmiendas en un plazo de 365 días.
Adicionalmente, especificó que mientras no se aprueben los proyectos de ley emitidos por el Legislativo y el Ejecutivo no se podrá llegar a ningún concurso de oposición y méritos. Por lo tanto, las autoridades que han sido designadas tendrán un tiempo prorrogado de funciones, y una vez aprobadas estas leyes todos los procesos del Cpccs quedarán sin efecto.
Esto significa que los titulares de la Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Superintendencias, Consejo de la Judicatura y demás entidades de control permanecerían en sus cargos.
