Quito, 14 mar (La Calle).- Con alevosía y orgullo, el presidente Daniel Noboa anunció que más de 63 mil jóvenes cuentan con un empleo “digno y legal”. Según el primer mandatario, este sería el resultado de la aprobación de la Ley de generación de empleo.
El proyecto de ley se aprobó hace apenas dos meses y medio. Sin embargo, el jefe de Estado alegó que “esta es la oportunidad” para que los jóvenes se incluyan en la “reactivación económica” del país. El presidente mencionó que Guayas y Pichincha son las provincias con el mayor número de contrataciones a jóvenes.
“Por más que sufran los sufridores esa es la cifra real. Es el ejemplo claro de que esto es una realidad y que seguirá creciendo”, dijo en la conferencia.
Las cifras dicen otra cosa
En contraparte a las declaraciones de Noboa, los datos del Ministerio de Trabajo y el INEC revelan otra realidad. De enero al 5 de febrero de 2024, más de 80 mil personas se quedaron sin empleo. Según la entidad, el finiquito responderían a: un acuerdo entre las partes, conclusión de la obra o contrato, entre otros.
Además, el INEC detalla que la tasa de desempleo se ubicó en 3,9 % hasta enero de 2024. En comparación al 2023, el desempleo bajó tan solo el 1 %. En enero de 2023, se ubicó en 3,8 %. De acuerdo a la entidad, el empleo a jóvenes de entre 15 y 24 años alcanzó al 8,7 %. Mientras que, al sector de 25 y 34 años se mantuvo en 27.3 % entre enero de 2023 y 2024.
¿Maña por obra?
Las declaraciones muestran un panorama incierto. La ecuación del presidente indica un desbalance en el sistema laboral, pues 63 mil jóvenes encontraron empleo, pero más de 80 mil ciudadanos quedaron desempleados. Antes de que el proyecto de ley se aprobara, abogados y expertos en el tema alertaron que esas exoneraciones generarían un perjuicio para los empleados de mayor edad en las instituciones.
Así lo explicó, el abogado Washington Andrade, en una entrevista para La Calle el 12 de diciembre. Según él, esto representaría un peligro para los empleados que tienen derecho a una jubilación patronal. Explicó que con los incentivos que recibirían las empresas por la contratación juvenil, las autoridades se exponen a que exista un despido masivo.
“Los empleadores por recibir esos beneficios tributarios pueden despedir al personal antiguo y contratar nueva mano de obra en todos los sentidos. Los que más corren peligro son las personas de mediana y avanzada edad”, apuntó.
Para el abogado, era indispensable que se aclare y reglamente los estatutos del Código de Trabajo para evitar que este escenario se desate en el país. Sin embargo, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, indicó que las reformas se realizarán luego de la consulta popular. Además, ni la ministra ni el primer mandatario aclararon las cifras o ampliaron la información.
ACTUALIZACIÓN 13:40
A modo de justificar los 80 mil desempleos que se registraron en los últimos meses, Núñez mencionó que es “algo normal que las relaciones laborales se terminen“. Argumentó que este tipo de acciones se dan en trabajos temporales. Mencionó que al momento registran 160 mil contratos, de esa cantidad, más de 60 mil contratos los tienen jóvenes de entre 18 y 29 años.
Sobre los incentivos que recibirían las empresas, detalló que los empezarán a percibir desde el 2025. Según la funcionaria, Pichincha encabeza la lista de las provincias que abrieron plazas de empleo a jóvenes, le sigue Guayas y Azuay.
Para ella, los trabajos tercerizados generan más precariedad al país que otra práctica. Apuntó que en estas actividades se encuentran los empleados de seguridad, limpieza o repartidores. Señaló que eso supuestamente no ocurriría en el trabajo por horas, una acción que pretenden implementar a través de la consulta popular.
