Quito, 17 jun (La Calle). – El jurista Rommel Jurado explicó que el estado de excepción debe estar sentado en una causal dentro de la Constitución para que tenga validez.
“El estado de excepción no se le ocurre al presidente. Tiene unas causas dictadas por la Constitución y el presidente de la República tiene que invocar una de esas causas para decretar estado de Excepción. Si él invoca a una grave conmoción social, conflicto armado o desastre natural, eso debe señalarse en el decreto”, dijo el jurista a Radio La Calle.
En el vídeo, Lasso no precisó la causa de esta declaratoria. “Si esa causa no se señala es muy difícil que el proceso de convalidación, que hace la Asamblea y la Corte Constitucional, se produzca”.
El artículo 164 de la Constitución señala como causales de un estado de excepción a : agresión, conflicto armado internacional o nacional, grave conmoción interna, calamidad pública y desastre natural. “Si el presidente decidió que existe una grave conmoción interna en estas tres provincias debe decirlo. Si no puede ser una causal de juicio político”.
Lasso tiene 48 horas para entregar el decreto a la Asamblea. El Legislativo puede anularlo en cualquier momento, sin perjuicio de lo que diga la Corte Constitucional. “Si el estado de excepción llega a las 09;30 del domingo, la Asamblea podría reconocerlo y dejarlo sin validez. Para el lunes, el presidente habría sufrido otra derrota. Además, la emisión de un decreto no desmoviliza automáticamente a la movilización indígena. Por lo que ha dicho en relación a los pedidos, podría querer cumplirlos”.
¿Qué significa el estado de excepción?
La medida de estado de excepción es una herramienta excepcional y esto implica que se pierden algunas libertades y se pueden hacer algunos actos como la utilización de fondos públicos o la recaudación anticipada de tributos. La policía puede violar el domicilio y el correo de los ciudadanos, puede impedir la libertad de tránsito, limitar la libertad de asociación, reunión e información”.
En el documento del decreto, que ya es público, el presidente declara el estado de excepción por grave conmoción interna en las tres provincias. Declara a Quito como zona de seguridad y dispone que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que se desplacen a esos territorios.
La medida durará 30 días. Se suspenden los derechos de reunión y asociación. Las fuerzas del orden controlarán las aglomeraciones en sitios públicos. También se restringe la movilización hasta el 18 de julio desde las 22:00 hasta las 05:00.
En esta línea se excluyen a los servidores de salud, seguridad, emergencia vial, Ministerio de Gobierno y del Interior, sector exportador, personas que tengan vuelos, abogados, comunicadores y sectores estratégicos.
También se restringe el derecho a la información en la calidad de los servicios de telecomunicación fija, móvil e internet.
