Quito, 4 jul (La Calle).- Segundo Solano, vicepresidente de la Federación Nacional de Bananeros del Ecuador (Fenabe) declaró que las medidas de hecho se mantienen mientras el presidente Guillermo Lasso no cumpla con los acuerdos mantenidos en las reuniones pasadas. Esta semana se conocerán los detalles sobre las nuevas acciones en contra del gobierno. Aseguró que las medidas de hecho se han mantenido desde el 13 de junio, día que inició el Paro Nacional convocado por la Conaie.
“Nosotros en ningún momento hemos depuesto la medida de hecho, las medidas de hecho las mantenemos todavía. Únicamente nosotros suspendimos las tomas de las vías. Despejamos porque tuvimos infiltrados y hubo mucha gente que estuvo creando desmanes y se estaba desnaturalizando nuestra protesta”, dijo Solando según el diario El Universo.
Asimismo, lamentó que, aunque existan acuerdos entre el ministerio de Gobierno Francisco Jiménez, no se haya tomado en cuenta por el de Agricultura dirigido por el ministro Bernardo manzano.
Productores de banano se sumaron al Paro Nacional
Los productores bananeros se sumaron al Paro Nacional convocado por la CONAIE el 13 de junio. No obstante, diez días después, el 23 de junio, se dispuso el desbloqueo de vías tras firmar un acta de compromiso.
Varias cámaras de producción de la provincia se congregaron a esta mesa de diálogo presidida por el prefecto Clemente Bravo. Los implicados firmaron un acta de compromiso que exhorta al presidente Guillermo Lasso para que se respete los acuerdos anteriores, entre ellos el pago de USD 6,25 por la caja del banano. Además, que se deroguen los decretos 1127 y 183 que pide al Ministerio de Agricultura y Ganadería que no inscriba a los nuevos cultivos de banano que violen la legislación bananera.
A estas peticiones, se sumaron con especial énfasis el pedido de cumplimiento de los otros 18 puntos acordados en la mesa de diálogo con el Gobierno Nacional.
Pese a que en la cartera de estado se ofrecieron USD 5 millones, hasta el momento se han entregado USD 230.000. El monto fue dirigido a pequeños productores de las provincias del El Oro, Guayas y Los Ríos. Se prevé que estas medidas beneficien a 4.000 agricultores de la fruta.
