Quito, 20 abr (La Calle).- La palabra privado aparece varias veces en el plan de gobierno de Guillermo Lasso. El nuevo mandatario plantea afianzar las alianzas y la inversión en el sector privado en el país. El gasto público también está en la mira de su gobierno.
Un ejemplo de esto es el sector salud. «Nuestro objetivo será garantizar la atención sanitaria de calidad, con una administración eficiente
y transparente de los recursos. Por lo tanto, eliminaremos la repartición política de hospitales en el país, a través de la delegación administrativa de los mismos al sector privado», dice su plan de trabajo.
Gobierno y medios de comunicación
Hace pocos días, el presidente electo anunció que el mejor camino para los medios de comunicación incautados es volver a manos privadas.
El advenimiento de la banca internacional también consta entre sus planes. «Necesitamos que todos los ecuatorianos puedan acceder a mejores condiciones de financiamiento. Para ello, es necesario fomentar la competencia, es decir, promover el arribo de la banca internacional al país. Esto solo será posible definiendo reglas de juego claras y acorde a las tendencias mundiales de regulación y control».
Reducir gasto público
«Ecuador no puede seguir con el lujo de la ineficiencia en el gasto público. La solución no es gastar más, sino mejor. Tampoco recortar por recortar, sino focalizar. Enfocar el gasto del Estado en los más vulnerables. En los pobres que necesitan educación y salud gratuita de calidad».
Aunque la definición económica de «pobre» entraría en los quintiles 1 y 2 de la sociedad. Lo cierto es que la clase media también acceden a servicios de educación y salud pública y no aparecen en el gasto del Estado.
¿Dónde entra la ley?
Aunque Guillermo Lasso prometió acciones como eliminar el examen de ingreso a la universidad, derogar la Ley de Comunicación o eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), lo cierto es que la estructura del Estado lo limita.
En el caso del CPCCS «tiene que pasar por la Asamblea porque es una institución que consta en la Constitución de 2008 en vigencia. Además, como institución de una función del Estado la Asamblea debe saberlo. Si el presidente electo quiere eliminarlo deberá seguir los procedimientos de Ley», explicó a Radio La Calle la abogada Paulina Mogrovejo.
Promesas a cumplir en el Gobierno
No obstante, en la Ley Electoral se especifica el cumplimiento de las promesas de campaña.
«El candidato tiene la obligación de cumplir el programa que plantea. El incumplimiento del plan de trabajo puede generar procesos de revocatoria del mandato por incumplimiento de funciones. No se puede alegar fuerza mayor porque él conoce el procedimiento», expresa Mogrovejo.
Eliminar el examen de ingreso o el CPCCS también corta de tajo los objetivos que tienen para el servicio a la ciudadanía. «Es importante mantener una línea de planificación y construcción de políticas públicas de Derechos Humanos. […] Sin la planificación no existe una división de recursos equitativa para crear estrategias».
