Quito, 22 jun (La Calle).- La Contraloría General del Estado (CGE) ordenó la destitución de la presidenta del CNE, Diana Atamaint y dos consejeros por no acoger su recomendación de eliminar a Fuerza Compromiso Social y tres movimientos políticos más.
En agosto de 2019, Contraloría recomendó considerar y vigilar la situación legal de los movimientos políticos y “se ha constatado el incumplimiento de las mencionadas recomendaciones” Por esta razón, “se han emitido los oficios de predeterminación de responsabilidades con multa y destitución para Shiram Diana Atamaint Wamputsar”, señala el boletín de prensa de Contraloría.
Además, ordena destitución para los consejeros José Ricardo Cabrera y Esthela Liliana Acero y la directora nacional de Asesoría Jurídica, Dayana Elizabeth Torres. También multa a siete funcionarios más.
En entrevista para Radio La Calle, el pasado 20 de junio, Omar Simón, expresidente del CNE, aseguró que “los asuntos de materia electoral solamente pueden ser tratados por los órganos de la función electoral. Estoy incluye la interpretación y reglamentación del código de la democracia”. Por tanto, “la Contraloría no puede revisar decisiones en temas de inscripción, registro y exclusión de organizaciones políticas”.
Por tanto, las acciones de Contraloría son totalmente ilegales, pues ningún funcionario ajeno al CNE puede interferir en la Función Electoral. Así lo estipula el Código de la Democracia en su artículo 285: «Serán sancionados con la destitución del cargo y la suspensión de los derechos políticos o de participación por el periodo de un año: La autoridad o cualquier otra servidora o servidor público extraños a la organización electoral, que interfieran en el funcionamiento de la Función Electoral». Esto significa que Atamaint pudo haber destituido a Celi por intervenir en asuntos totalmente concernientes a la Función Electoral.
