Quito, 23 mar (La Calle).- La Policía Nacional inadmitió la denuncia contra los exgenerales Mauro Vargas y Giovanni Ponce, acusados por el archivo del informe «León de Troya» que contiene los presuntos nexos del Gobierno de Lasso con la mafia albanesa y el narcotráfico.
La Dirección Nacional de Asuntos Internos sostuvo que no puede iniciar el proceso debido a que los generales ya no pertenecen a la institución policial. Sin embargo, la denuncia se realizó antes de la salida de los uniformados de alto rango.
«Al no cumplirse con uno de los requisitos (servidores activos), impide que el Departamento admita a trámite de sumario administrativo los hechos», reza el comunicado.
Según la entidad, bajo esta justificación y conforme a la que le dicta le ley dispuso el archivo del expediente.
Además, el abogado del coronel Wilson Torres, Alberto Montengro, publicó la denuncia que interpuso contra el comandante general Fausto Salinas por no iniciar con el procedimiento contra los exgenerales.
Al parecer, esta solicitud fue enviada por el propio Salinas a la Dirección Nacional de Asuntos Internos para que inicie su investigación.
«Hay que estar pendientes no vaya a ser que también la indmitan -porque sí-«, expresó a través de cuenta de Twitter.
Lo intentaron callar
Torres enfrenta una sanción por hacer pública su denuncia sobre la presunta corrupción y la falta de recursos al interior de la institución. La respuesta, procesos administrativos en su contra.
Procesos administrativos, traspasos de una zona a otra y, finalmente, sanciones. En agosto de 2022, el coronel Wilson Torres revelaba la crítica situación de seguridad en Quevedo, Los Ríos. Lo decía como un grito de auxilio a las autoridades nacionales y locales. Pero sus palabras golpearon los oídos sordos de una institución que prefirió resolver el problema con el traspaso de Torres, detalla Radio Pichincha.
Se fueron antes de ser juzgados
Los exgenerales presentaron la solicitud de baja el pasado 15 de marzo, por lo que, al interior de la Policía no tiene nada que ver con los con las acciones penales que iniciaría la Fiscalía, indicó el abogado Marcelo Dueñas.
También, aclaró que aunque los exuniformados hubiesen sido declarados culpables, eso no les prohibiría de recibir la pensión jubilar que se estima está sobre los USD 4 mil mensuales.
