Génesis Gómez, redactora
Quito 18 de dic (La Calle).- “¡Gracias corrupción por esta Navidad!”. De esta manera, la Alianza Nacional por la Salud (ANS) instó este viernes a cuatro plantones en Quito, Guayaquil, Cuenca e Ibarra. Los manifestantes exigen medicinas, tratamientos y carnés para los pacientes.
“Nos sentimos indignados por la falta de atención del Gobierno a los grupos de atención prioritaria, mientras que en la cárcel se otorgan camas ortopédicas a los corruptos. Durante el proceso de compras públicas se evidenció la mala práctica en el sistema de adquisición de medicamentos”, dijo el presidente de la ANS, Paul Garate.
La organización convocó a la acción en los alrededores la Plataforma gubernamental, en Quito; al Parque de la madre, en Cuenca; la Plaza de San Francisco; en Guayaquil y El Obelisco, en Ibarra. Desde las 10:00, los manifestantes alzaron la voz para pedir que el Gobierno dote de la medicación necesaria. “Hay personas que deben esperar meses para un turno. No hay stock de medicamentos porque el Estado no asume el deber constitucional. Esto nos obliga a salir a las calles con las medidas de seguridad en medio de una pandemia”, manifestó.
No hay atención para pacientes graves
De acuerdo con las estadísticas, más del 50 % de los pacientes que sufren enfermedades catastróficas no tienen atención actualmente. “Los familiares tuvieron que enfrentar la muerte de muchos de ellos por la falta de medicamentos. Hemos presentado acciones de protección, pero las autoridades administrativas no se hacen cargo. Debes tener dinero para enfrentar al Estado”, añadió.
¿Qué dice la Ley al respecto?
El artículo 170 de la Ley Orgánica de Salud (LOS) plantea que los medicamentos deben cumplir con los siguientes requisitos: estar debidamente identificados y etiquetados, sin alteraciones ni enmiendas; contener en sus etiquetas el número de registro sanitario nacional, el precio de venta al público y la fecha de expiración. Los medicamentos no deben estar caducados; ni provenir de instituciones de servicio social, de programas estatales, de donaciones, entre otros aspectos.
La sanción por incumplir la Ley es la clausura temporal o definitiva y una multa de hasta diez salarios básicos, equivalente a $4000.
