Quito 19 dic (La Calle).- La empresa canadiense Petrolia S.A., filial de New Stratus Energy (NSE), presentará una demanda por arbitraje contractual contra Ecuador por USD 260 millones. La firma se encarga de la producción petrolera de los bloques 16 y 67 ubicados en Orellana. Con esta, son 51 demandas internacionales que enfrenta el país.
El 25 de diciembre se cumple el plazo de 30 días de la notificación de controversia que presentó Petrolia al Ministerio de Energía. En esta petición, la empresa busca la ampliación y migración del contrato firmado, que finaliza este 31 de diciembre. Según el representante de la empresa Héctor Paz y Miño, esta posibilidad se estipula en el contrato inicial.
El Gobierno comentó que cuando la canadiense compró los derechos de operación a Repsol, debía comprobar experiencia, solvencia técnica y financiamiento. Estos como requisitos para hacerse cargo de los bloques petroleros y hasta el momento no ha demostrado.
Petición para ampliar el contrato
Petrolia solicitó al Ministerio de Energía y Minas la designación de un Comité de Negociaciones para presentar su propuesta de ampliación. Sin embargo, la cartera de Estado no conformó el comité y no dio paso a las negociaciones.
Por el contrario, Energía informó que la estatal Petroecuador será la que opere estos bloques desde el 1 de enero de 2023. Después de cuatro décadas, finalmente, estos bloques pasarán a manos del Estado. Estos pozos estuvieron a cargo de empresas privadas desde 1990, primero por la petrolera española Repsol y luego por Petrolia.
Con esta decisión, el experto petrolero Miguel Robalino comentó para Expreso que es necesario exigir al Gobierno que mantenga la producción petrolera de 15 mil barriles diarios y envíe el proceso de licitación.
Negativa en la petición para ampliar el contrato
El 11 de diciembre, el ministro Fernando Santos, señaló que un oficio firmado por el Ministerio no basta para concretar la autorización. Para obtener los permisos, la cartera de Estado debe llegar a un acuerdo ministerial con la petrolera, un hecho que no ha ocurrido, según el titular.
Como repuesta, Petrolia enfatizó que el ministro Santos desconoce las cláusulas contractuales al señalar que “la contratista no tiene derecho a la ampliación de los contratos”. En este sentido, aclararon que tanto las cláusulas de los contratos como la Ley de Hidrocarburos los amparan. Estos documentos indican que tienen derecho a la extensión de plazos en los contratos, incluso, pueden migrar a la modalidad de participación. (N.J.C)
