Quito, 21 jul (La Calle).- Este martes, el presidente Lenin Moreno emitió el Decreto 1097, que dispone la emisión de una autorización desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) para que personas con discapacidad se beneficien de la exoneración de impuestos por importación de bienes.
“Para acogerse al beneficio de la exoneración […] el Ministerio de Salud Pública emitirá la correspondiente autorización electrónica para la importación de bienes de uso exclusivo de las personas con discapacidad, misma que deberá ser integrada a la Ventanilla Única Ecuatoriana”, señala el Decreto Presidencial.
La disposición otorga al Comité de Comercio Exterior un plazo de 10 días a partir de la emisión del Decreto para que empiece a exigir la autorización electrónica como un requisito obligatorio para la importación de bienes con beneficio de exoneración por discapacidad.
Otra condición para acceder a esta reducción será que el valor máximo del vehículo no sea mayor a 60 salarios básicos unificados, es decir, USD 24.000. Este precio se determinará con base en la depreciación del bien. El porcentaje de depreciación depende del año del modelo y la fecha de embarque. Por tanto, si ha pasado un año desde la salida del modelo, se depreciará un 15%, el segundo año 10% y el mismo porcentaje para el tercer año.
Esta decisión se toma luego de constantes denuncias de obtención ilegal de carnés de discapacidad por parte de asambleístas para acceder a la reducción de impuestos en la importación de autos. Mientras tanto, los ciudadanos con discapacidad denuncian la larga espera que significa para ellos la obtención del carné.
Víctor León, presidente de la Asociación de personas con discapacidad del Guayas, considera que el casi medio millón de personas con discapacidad del país deberían alistar recursos legales en contra del Estado. “Para una persona natural (de a pie) es imposible sacar un carné. Conocemos que para obtenerlo hace falta desembolsar entre dos mil y dos mil tres cientos dólares”, dijo el representante en el noticiero La Ventana de Radio La Calle.
Además, el pasado 17 de julio empleados denunciaron que entidades bancarias tramitaban la obtención ilegal de carnés de discapacidad, para evitar contratar el 4% de personas discapacitadas que dicta la ley. La presunta tramitación se realizaba a través de hospitales del Ministerio de Salud en Guayaquil. Los carnés se obtenían para empleados de algunas ciudades del país, “de preferencia los que usaban lentes”. Los funcionarios se veían obligados a formar parte de este acto ilegal por miedo a perder su trabajo. Los denunciantes aseguran que este trámite tendría un costo de hasta USD 1.500.
