Quito, 22 mar (La Calle).- La asambleísta Patricia Sánchez, de Pachakutik , dice que el proyecto de Ley de Inversiones es inconstitucional, pues prevé la reforma de dieciocho cuerpos legales en materia de inversiones, mercado de valores, comercio electrónico y beneficios tributarios, cuando este debería abordar una sola materia.
Además, la legisladora señaló que la normativa impulsa el proceso de privatización, bajo la figura central de la ley, que es la delegación.
Sánchez explica que «delegar» implica entregar al privado todo el patrimonio público y los servicios del Estado, sin que el Estado reciba nada a cambio. Así como que el Presupuesto General del Estado, sirva para financiar a los prestadores de servicios privados.
«Delegación no implica inversión. El proyecto de Ley establece que es el mismo Estado, a través de la banca pública, quien financiará los proyectos de inversión, incluso con créditos provenientes de deuda externa (Art. 31)», señala en su cuenta de Twitter.
Dice que bajo la premisa de atraer USD 30 millones en inversiones en un plazo de cinco años, para la supuesta creación de dos millones de empleos, se pretende privatizar los sectores de estratégicos públicos, como telecomunicaciones; infraestructura terrestre, náutica y aeronáutica (puertos, aeropuertos, autopistas y ciclovías); salud, como la red de hospitales, servicios de salud y personal médico; y educación, como los colegios, escuelas; y también recursos naturales
Sánchez insiste en que el Ejecutivo pretende, con el proyecto de ley, convertir al país en un paraíso fiscal para la inversión externa e mpulsar un proceso de privatización, a costo cero, dado que la Ley no garantiza ninguna inversión.
