Quito, 7 sep (La Calle).- El presidente de la Corte Provincial de Pichincha, Vladimir Jhayya Flor, negó la solicitud de la Fiscalía (FGE) para llevar a la prefecta Paola Pabón a la cárcel. Por el contrario, dispuso que la dignataria cumpla la medida de presentación los lunes, miércoles y viernes.
En las afueras de la audiencia contra Paola Pabón, las voces de cientos de personas celebraron la decisión de la Corte. “Libertad, libertad, libertad” fueron los gritos que recibieron a la Prefecta tras su salida de la sala de audiencias. Desde un micrófono, encuadrado con pancartas de apoyo, se pronunció Pabón: “Gracias a todos los países de América Latina que se han solidarizado con la causa. Con la causa de los derechos humanos, con la causa de la libertad de expresión, con la causa de decir: ¡no más perseguidos en el Ecuador!” manifestó la Prefecta.
Pabón aseguró que esta victoria la alcanzó en conjunto con el pueblo. “¡Viva Paolita libre!”, respondieron los simpatizantes de la Prefecta. “Yo me quedo queridos compañeros y me quedo con ustedes a resistir (…) ¡Qué viva la Revolución Ciudadana!” sentenció la Prefecta.
El Fiscal aseguraba que la prefecta había solicitado asilo político en la embajada de México. Ante una eventual fuga, Santillán solicitó el cambio de medida. Tanto la embajada de México como otras más repondieron que no existe tal solicitud.
Antecedentes
En febrero del 2019, Paola Pabón ganó las elecciones para la prefectura de Pichincha. En mayo, la exasambleísta asumió el cargo. Su posición, antes y después de su victoria, está marcada por afinidades políticas e ideológicas con el movimiento de la Revolución Ciudadana.
El 14 de octubre del 2019, en el marco de una amplia movilización popular y un rechazo generalizado a un paquete de medidas económicas del gobierno de Lenín Moreno, la Policía detuvo a Pabón, Virgilio Hernández y Cristian González, militantes de la Revolución Ciudadana. Según Fiscalía, ellos cometieron el delito de rebelión. De inmediato, Pabón, Hernández recibieron prisión preventiva en su contra, omitiendo el fuero de corte que amparaba a la Prefecta de Pichincha.
En los meses siguientes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares en favor de los acusados. Ante eso, la defensa de los procesados exigió su liberación inmediata. La madrugada del 25 de diciembre del 2019, la presidenta subrogante de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Patlova Guerra, aceptó el pedido de revocatoria de prisión preventiva y otorgó las medidas cautelares para su defensa en libertad. No obstante, el sistema judicial insistió en la presentación periódica de los implicados ante FGE y el uso de grillete electrónico.
Caso Rebelión
El Caso Rebelión agrupa al conjunto de procesos penales contra Pabón, Hernández y González por el supuesto delito de rebelión.
El fiscal Alberto Santillán presentó elementos de convicción suficientes para concluir que los implicados estuvieron directamente vinculados a acciones violentas acontecidas en octubre del 2019. Según Santillán, ellos financiaron movilizaciones sociales para desestabilizar al Gobierno Nacional. Hernández respondió, en múltiples espacios, que tales pruebas no existen y que, en su contra, se tienen apenas dos tuits donde propone una resolución constitucional del conflicto.
No obstante, la opinión pública no tiene acceso a las supuestas pruebas de Fiscalía. Las audiencias contra los implicados son de carácter reservado porque, al tratarse de un supuesto delito contra la estructura del Estado constitucional, así lo dispone el artículo 562 del Código Integral Penal. (JBS)
