Quito, 27 abr (La Calle).– Los concejales de Quito, Luis Reina, Paulina Izurieta, Blanca Paucar y Soledad Benítez denunciaron en la Contraloría General del Estado a Santiago Guarderas, alcalde de la ciudad, por supuesta participación con empresas en paraísos fiscales.
Reina afirmó que poseen «nueva información sustentada» que demuestra que Guarderas es socio de la compañía Coppa&Pi Inmobiliaria, que es accionista de la Quevedo Ponce Corporated.
En las afueras de la Contraloría, los concejales declararon que solicitaron, el pasado 15 de febrero, que el Concejo Metropolitano establezca una comisión de la verdad que acompañe el proceso de investigación.
Con ello se esperaba que el alcalde presente las evidencias respectivas para desmentir las acusaciones. No obstante, la comisión no logró ser conformada, pues no contó con la mayoría de votos. Según la concejala Benítez, con estos vínculos, Guarderas incumplió la Ley Orgánica de Paraísos Fiscales, emitida en 2017.
Esta dispone que las autoridades que sean sujetos de elección popular no mantengan su dinero en paraísos fiscales. «Debería ser consecuente, mientras no se tenga claridad sobre este proceso lo lógico es que el Alcalde dé un paso al costado», dijo.
Contraloría archivó la investigación contra el alcalde Santiago Guarderas
Los cuatro concejales denunciaron a Guarderas por ser socio de empresas en paraísos fiscales, luego de que Contraloría archivó el examen especial que se mantenía en su contra por la supuesta tenencia de capitales y bienes en paraísos fiscales.
Así lo anunció el martes el alcalde, adjuntando un documento que señala el archivo del proceso. Según la Contraloría hubo elementos objetivos que demuestren ‘que a la fecha de la inscripción de su candidatura era propietario de bienes o capitales en paraísos fiscales’.
