Quito, 13 feb (La Calle).- El Centro de Derechos Económicos y Sociales presentó un amicus curiae a la Corte Provincial con respecto a la solicitud de reinterpretación del artículo 422 de la Constitución, que señala la prohibición del Estado ecuatoriano de ceder soberanía a organismos y entidades internacionales.
“Un Tratado Bilateral de inversión (TBI) le permite a las grandes corporaciones, les da el derecho de que se defiendan en tribunales internacionales, en contra del Estado ecuatoriano”, dijo Pablo Iturralde, director del Centro.
De acuerdo al especialista, los arbitrajes internacionales fallan generalmente en contra de los Estados. De acuerdo a cifras que maneja, en el 87% de los casos que han demandado al Ecuador se ha fallado a favor de las transnacionales y eso tiene costos para el país, que hasta ahora suman alrededor de USD 1.500 millones.
Un ejemplo paradigmático es el caso Chevron, cuyo laudo arbitral le dio la razón a la empresa después de que las cortes ecuatorianas fallaran a favor del Estado. La petrolera Chevron fue sentenciada a pagar 9.5 mil millones de dólares por contaminación en Ecuador. Sin embargo, la actuación de sus abogados llevaron a invalidar el dictamen de la Corte Nacional de Justicia a través de los TBI.
Además, Iturralde señaló que en ocasiones anteriores, la Corte mantuvo la constitucionalidad del artículo 422 y que ahora, se lo quiere reinterpretar para las transnacionales puedan tener todas las facilidades en el país.
En 2018, la Asamblea Nacional aprobó con 57 votos la acción de interpretación del artículo. Posteriormente, el Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Relaciones Exteriores presentaron un amicus curiae en apoyo a la acción.
El amicus curiae “es un insumo que presenta una voz experta a los jueces” en un procedimiento. El Centro de Derechos Económicos y Sociales esperará a que los jueces de la Corte Constitucional emita un pronunciamiento al respecto.
