Nota tomada de Diario EL País
Autora: Sara España
Dos grupos de acreedores “decepcionados” bloquean la negociación de deuda externa de Ecuador
Ecuador iba camino de marcar una senda para los países emergentes en dificultades con su deuda externa. Hace dos semanas, el grupo de acreedores más grandes, uno de los tres bloques, respaldó las condiciones de reestructuración ofrecidas por el país.
El Gobierno de Lenín Moreno anunció el principio de acuerdo como una gran victoria. Pero esta semana, llegado el momento de oficializar la propuesta, el proceso entró en un bache que puso a Ecuador frente al espejo de las complicaciones de Argentina, empantanado desde hace meses en un duro ida y vuelta con sus tenedores externos de bonos.
Los otros dos grupos de acreedores de Ecuador, minoritarios pero determinantes para sellar un acuerdo definitivo, rechazaron el plan de pagos y, considerándose ignorados, expresaron su “decepción” ante el gesto ecuatoriano de lanzar una propuesta sin haber considerado su contraoferta previa.
El planteamiento del Gobierno de Lenín Moreno y el de los dos grupos en desacuerdo se distancian principalmente en tres aspectos y, a juzgar por la respuesta de Carondelet, no hay aún visos de hallar un punto de encuentro. Al comunicado de reproche recibido, Ecuador contestó con un desmarque: pidió a esos dos conglomerados que sean ellos quienes se alineen a la oferta inicial lanzada. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, aclaró, después, a EL PAÍS que entre los dos bloques no tienen capacidad para frenar el proceso de negociación, teniendo en cuenta, además, que no todos los tenedores se han pronunciado.
Los bonistas asesorados por BroadSpan Capital y UBS requieren, como garantía para la reestructuración de pagos, que el Estado ecuatoriano formalice un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El anterior pacto con el FMI se desvaneció por la incapacidad del país de cumplir a rajatabla con los compromisos adquiridos. Además, aspiran a dejar intacto el tramo de deuda de los bonos 2024, tal cual como fue emitido por el Gobierno de Rafael Correa. A cambio de esas dos exigencias, ofrecen una quita mayor a la que consta en el acuerdo de principio avalado por tenedores mayoritarios y abren la mano a entregar nuevo financiamiento por hasta 600 millones de dólares que servirían para reducir la brecha fiscal de este año de Ecuador.
En este colectivo están, según detalló el Gobierno ecuatoriano, Amundi (UK) Limited, Contrarian Capital Management LLC, Grantham Mayo Van Otterloo & Co. y T Rowe Price Associates Inc, así como algunos tenedores del bono 2024. Para dar por exitosa la renegociación de la deuda, Ecuador necesita el consenso del 66% de sus acreedores, un porcentaje que debe ascender al 75% precisamente para cambiar las condiciones de las emisiones que los dos bloques en desacuerdo quieren que se paguen sin modificaciones. Mientras no haya avances con esos grupos, el Gobierno ecuatoriano cuenta con un apoyo del 53% y, con base en “conversaciones informales”, puede llegar al 60%. Necesita, por tanto, convencer a los discordantes pero no ha dado muestras de querer flexibilizarlas condiciones iniciales.
El bloque de los más grandes, que incluye a BlackRock o Ashmore, aceptó una quita de 1.500 millones de dólares que dejaría el total de la deuda vigente de 17.375 millones de dólares en 15.835 millones de dólares. Además, benefició a Ecuador con una significativa rebaja de los intereses y una ampliación de plazos. De tasas que oscilaban entre el 7,7% y el 10,7% se bajan a un promedio del 5,3%, siendo ahora la más alta un 6,9% y el margen de tiempo se duplica pasando de 6,1 años, en promedio, a 12,7 años, en promedio, según las especificaciones que compartió el ministerio de Finanzas el pasado 6 de julio.
Esos términos económicos, dicen los acreedores inconformes, “no representan los mejores esfuerzos de Ecuador para alcanzar una reestructuración equitativa con la mayoría de los tenedores de bonos o su capacidad para implementar los principios de los Objetivos de Desarrollo Social para construir un futuro sostenible”, sostenía el comunicado de rechazo. Aseguran, por otro lado, que su contraoferta sería un ‘ganar-ganar’ para todos los implicados.
Ecuador discrepó en un tono similar. Es un ‘perder-perder’, ironizó el país a través de otro comunicado, en el que recuerda a los mercados internacionales “el enorme sacrificio” que está asumiendo el pueblo ecuatoriano con los ajustes sobrevenidos tras la pandemia de la Covid-19. Dijo, también, que “la propuesta de dinero nuevo parece atractiva pero tiene un costo muy alto”, al fijar la tasa de interés en un 9,5 % y al requerir un mayor esfuerzo en el pago del servicio de deuda. La propuesta inicial, matiza el país, ya recibió el aval de organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo.
Estas tiranteces tienen plazo de caducidad, pues el 31 de julio se agota el margen para que el Estado andino llegue a buenos términos con sus acreedores, y el 15 de agosto para oficializar el nuevo cronograma de pagos. De no conseguirlo, Ecuador enfrentará una pendiente ascendiente de emisiones en los próximos ocho años que empezaría este ejercicio con 2.000 millones de dólares en plena pandemia.
Nosotros también contamos esta historia días atrás.
