Quito, 10 abr (La Calle).- Un informe especial de la Contraloría determinó que el perjuicio a Guayaquil por el caso Vallas supera los USD 2.3 millones. El documento cuestiona el periodo del 1 de enero de 2017 hasta 31 de mayo de 2022, lapso en el que estuvieron vigentes las administraciones de Jaime Nebot y Cynthia Viteri.
Según el documento, no hubo una coordinación previa para establecer quiénes colocaron los 221 rótulos sin permisos municipales, por lo que no se recogieron más USD 2 millones.
Además, desde el 1 de enero de 2017 hasta el 25 de octubre de 2022 no se hicieron los censos pertinentes, no se registró a los usuarios que hicieron uso del espacio y no se realizaron operativos de control.
Según diario Expreso, Efraín Baquerizo estuvo al mando del Uso del Espacio y Vía Publica, en 2017. Sin embargo, no realizó el registro del uso de la vía pública, pese a que el 15 de septiembre de 2022 se remitieron alertas por la instalación de rótulos que fueron reportados por el sistema de ojos de águila.
Ante esto, la Corporación para la Seguridad Ciudadana (CSCG) comentó que el personal de dirección de Justicia y Vigilancia no atendió 21 reportes que emitió la Agencia de Tránsito Municipal (ATM) y Dirección de Aseo Cantonal por el trabajo de mantenimiento.
Todo un desorden…
El ente de control enfatizó que no se recopiló documentación por los 21 inconvenientes denunciados, que no existió coordinación, controles y supervisión por parte de la Dirección de Justicia y Vigilancia, debido a que no respondieron a las denuncias de la CSCG.
También, resaltó que nunca se siguieron protocolos de seguimiento que respalden la gestión y controles operativos. “Esto provocó que no se tomen las acciones correctivas para solventar las novedades que se presentaron”, señaló la Institución.
“No está entre sus competencias“
El actual director de Justicia y Vigilancia, Xavier Narváez, comentó para el medio citado que el caso tenía muchas contradicciones y equivocaciones, pues en aquel entonces el monto era de USD 2,5 millones.
El servidor aseguró que este problema debió de encargarse la entidad financiera porque él no tiene competencias desde el 2021. “Yo no tengo competencias desde ese año, peor me siguen atribuyendo responsabilidades hasta el 2022”, refirió.
Finalmente, la entidad señaló que luego de la etapa del informe aprobado con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones sigue la etapa de juzgamiento, por lo que el caso continúa. (N.J.C)
