Quito, 6 abr (La Calle). – Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil y líder del Partido de los Trabajadores (PT), defendió el derecho al aborto como una cuestión de salud pública.
«Las mujeres pobres mueren intentando hacer un aborto, porque es prohibido (…) la verdad es que debería ser una cuestión de salud pública, para que todo el mundo tenga derecho»; dijo Lula según lo recogido por la agencia EFE.
El expresidente señaló también que la «agenda de la familia, de los valores, es muy atrasada y es utilizada por un hombre que no tiene moral para eso» refiriéndose al actual mandatario ultraconservador y derechista, Jair Bolsonaro, quien tiene aspiraciones de ganar las próximas elecciones.
«La sociedad ha evolucionado mucho, las costumbres evolucionaron y tenemos que tener el valor para iniciar ese debate», ha defendido el expresidente.
Lula hizo estas declaraciones el pasado martes 5 de abril durante el debate “Brasil-Alemania – Unión Europea: desafíos progresivos – alianzas estratégicas”. El líder brasileño aún no se ha candidatizado de manera oficial; no obstante, es favorito para las próximas elecciones a celebrarse en octubre de este año.
Aborto en Brasil
El aborto aún está restringido en la legislación brasileña. Y las leyes lo consideran no punible solo si el embarazo es consecuencia de una violación; si la perona gestante y su vida están en riesgo, o si el feto es diagnosticado con anencefalia.
La organización Infórmate y Decide estima que existen entre 500.000 y 800.000 abortos al año en el país. Sin embargo, consideran que las estimaciones no son precisas, debido a la clandestinidad en la que ocurren las interrupciones voluntarias del embarazo.
Asimismo, ocho de cada diez brasileños señalaron que el carácter clandestino es una de las principales causas de muerte de las mujeres al interrumpir el embarazo, según Brasil de Fato.
En Latinoamérica, hay grupos y colectivos, sobre todo, de mujeres que luchan y proponen reformas y avances en las legislaciones de sus respectivos países.
Infórmate y Decide manifiesta que varias organizaciones han interpretado que negar el acceso al aborto a las personas gestantes constituye una forma de discriminación y que atenta a la multiplicidad de derechos humanos.
