Quito, 24 nov (La Calle). – La asambleísta por Pachakutik (PK), Guadalupe Llori se salvó de la destitución por supuesto cobro de diezmos. Los votos del Pleno del Legislativo no fueron suficientes para llevar a cabo la moción de la legisladora de UNES, Johanna Ortiz. Sin embargo, el Comité de Ética tiene a la cola otra denuncia contra Llori.
El 23 de noviembre la Asamblea Nacional debatió la moción de desitución. Se registraron 82 votos a favor, pero se necesitaban 92 votos para la aprobación. Por otro lado, hubo 14 votos en contra y 20 abstenciones, en su mayoría del oficialismo y de asambleístas de Pachakutik.
En su defensa, Llori manifestó que nunca dio la disposición de que los funcionarios costeen de sus sueldos el alquiler de autos para su movilización. Para la parlamentaria, todo se trata de una persecución política de UNES en alianza con el Partido Social Cristiano (PSC).
«A pesar de haber sido destituida como presidenta de la Asamblea Nacional, continúa la persecución en mi contra», aseguró.
Otra denuncia
El Comité de Ética lleva el proceso de otra denuncia interpuesta por el asambleísta Bruno Segovia contra Llori. Esta vez se la acusa de gestionar cargos públicos en la provincia de Orellana.
Según el denunciante, la legisladora habría incidido en el nombramiento de varias autoridades de la provincia. Esta acción infringe el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), establece que los asambleístas no podrán gestionar nombramientos de cargos públicos.
La denuncia pasó por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), quien admitió el caso. En lo posterior, fue llevado al Comité de Ética para su análisis en el plazo de 30 días. Luego será emitido un informe que será debatido en el Pleno de la Asamblea Nacional. (A.G.M).
