Quito, 15 dic (La Calle). – El Pleno de la Asamblea Nacional debate en su última sesión del año, las Reformas al Código orgánico Integral Penal (COIP) en materia de Anticorrupción. De su parte, el Ejecutivo espera una respuesta favorable al respecto debido al nuevo acuerdo que se firmará con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya petición fue una reforma de ley en este rubro.
Para el asambleísta y miembro de la Comisión de Justicia, Franklin Samaniego (RC) estas reformas no tienen que ver con las negociaciones del gobierno con el FMI «Desde nuestra parte, no tiene nada que ver con el compromiso que tenga el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Las reformas deben servir para una lucha real contra la corrupción. No para un maquillaje o cumplir con un compromiso que no tienen los ciudadanos y ciudadanas sino el gobierno. Es un problema del gobierno no de los ciudadanos», expresó a Radio La Calle.
Elizabeth Cabezas indicó que es importante colaborar en la lucha anticorrupción. «Entiendo que ha habido un acuerdo de que se impulsen leyes para que se eviten los actos de corrupción y en esa línea si la Asamblea puede colaborar me parece que no está mal tampoco. Aquí estamos en un país donde todos tenemos que arrimar el hombro para salir de la situación compleja en la que vivimos y se agudizó más por el tema de pandemia», acotó.
Entonces ¿ para qué se reforma el COIP?
De acuerdo con Samaniego, «la lucha contra la corrupción tiene varios ejes. Uno es el de prevención, de sanción y el de reparación». En el tema de reparación aparece, de acuerdo al legislador, la reforma al artículo 581 que indica:
Artículo 581.1. Informe de la Contraloría General del Estado. – Una vez
que la Fiscalía conozca un informe con indicios de responsabilidad
penal emitido por la Contraloría General del Estado, por presuntos
hechos constitutivos de los delitos de obstrucción de la justicia (…) dará inicio a las investigaciones.
En estos casos, el informe de pertinencia y favorabilidad elaborado por
la Contraloría General del Estado, previo a todos los procesos de
contratación pública, se volverá un elemento sustancial para el
desarrollo de la investigación.
Este inciso, para el legislador, permite realizar acciones de prevención antes de cometerse el delito. Lo que no tiene que ver con la entrega del informe en un proceso penal en desarrollo.
Según la asambleísta Cabezas. «es importante modificar ese artículo para que con ese informe de Contraloría se puedan realizar acciones de investigación y judiciales. El hecho de esperar ese informe demora el inicio de los trámites judiciales y muchas no se puede llegar a la solución del conflicto. No solamente son las leyes de castigo sino también acciones de prevención que eviten el cometimiento de actos de corrupción», indicó.
Casos de sobreprecios en la emergencia sanitaria
«Incluimos la elusión de los procedimientos en los contratos de emergencia. En esta coyuntura ha habido más de 400 investigaciones en Fiscalía», explica Samaniego. Para el legislador, es importante realizar la sanción penal en los casos de sobreprecios en compras públicas, cohecho o peculado.
Corrupción en sector público
De las siete reformas de Ley que llegaron a la Comisión se desprenden varios ejes. «Primero el incremento de las penas. Con eso se quería solucionar el problema, lo que hemos denominado populismo penal. Segundo que tienen que ver con los tipos penales; plantearemos en el pleno que no hayan cortocircuitos. Tercero, un proceso que planteó el Ejecutivo sobre investigaciones complejas. Este procedimiento pretendía alargar la etapa de instrucción de 90 días a 12 meses y todos concordamos que justicia que tarda no es justicia«, explicó Samaniego.
La lucha anticorrupción elevará las penas a los servidores públicos que cometan delitos de obstrucción de justicia, cohecho, peculado, tráfico de influencias. En este sentido, Elizabeth Cabezas reflexiona que esta ley debe ir de la mano con la educación y la capacidad de servicio de los funcionarios.
«No solo la ley va a solucionar los temas de corrupción en el país. La ley es importante, pero también que existen varios cuerpos legales desde hace muchos años que sirven para evitar los actos de corrupción y a pesar de eso los actos continúan», expresó.
El futuro
Con los últimos casos de corrupción donde están implicados los exasambleístas Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, la Asamblea bajó aún más sus niveles de aceptación. La legisladora espera que el trabajo de la nueva Asamblea en 2021 sea mejor.
«La Asamblea ha sido tan denostada que efectivamente pareciera que no va a haber otra peor. Espero yo que las próximas asambleas mejoren para no tener que pensar que lo pasado fue mejor que lo actual».
