Quito, 11 jul (La Calle).- El presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó los decretos en los que se restituyen el Instituto de Cine y Creación Audiovisual (ICCA), el Instituto de Fomento para las Artes, Innovación y Creatividad (IFAIC) y el reglamento de la Ley de Transformación Digital y Audiovisual. Sin embargo, productores y cineastas discrepan con la intencionalidad que el primer mandatario quiere que se vea.
Lasso aseguró que el instituto se centrará en la formación de directores, guionistas, camarógrafos y profesionales del campo fílmico. También aseveró que la ley atraerá la inversión extranjera en las producciones audiovisuales del país.
Ante ello, reacciones como la de la reconocida cineasta cuencana, Tania Hermida no se hicieron esperar. Hermida es reconocida por sus largometrajes ‘El Nombre de la Hija’ y ‘Qué Tan Lejos’. «No sabe ni qué está firmando» afirmó en un tweet. Ella aseguró para Radio Pichincha que la ley no representa los verdaderos intereses del sector cinematográfico.
«El presidente firma un decreto y en realidad no sabe lo que está firmando (…). Lo que hace evidente que esta firma es parte de un lavado de imagen de último minuto, de un gobierno que está en estado de descomposición», manifestó.
Descontento para el Cine Ecuatoriano
Hermida explicó que Lasso piensa que el ICCA es una institución académica de formación de profesionales del cine, lo cual es falso ya que se trata de un instituto de fomento. Según explicó, se trataría de un error de comunicación de no ser por el video donde el primer mandatario confunde las funciones del instituto.
En 2020, el expresidente Lenín Moreno fusionó el ICCA (creado en 2016 con la Ley Orgánica de Cultura) con el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades. Esto dio como resultado el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, lo cual, según el sector del cine, fue una vulneración a la ley orgánica.
Lasso derogó el decreto de Moreno recién ahora, a meses de terminar su gestión, aunque lo prometió cuando llegó a la presidencia. Varios cineastas presentaron de forma colectiva, una demanda a la Corte Constitucional para derogar ese decreto, en 2021.
La cineasta cuencana también aseveró que 2022 fue el único año donde no se organizó una convocatoria de fondos para fomentar el cine. La siguiente convocatoria fue anunciada el viernes pasado, «mirando el calendario, el concurso terminará a finales de noviembre. Eso significa que los contratos y los fondos van a salir en el 2024, ya no van a salir en el 2023″, manifestó.
Además dio a entender que no todos en el sector audiovisual tienen la misma agenda, con respecto a la Ley de Transformación Digital y Audiovisual.
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«Se contrata mano de obra poco calificada con pocas garantías laborales. En el mejor de los casos, lo que se ofrece es un servicio de producción donde el productor local ayuda a buscar las locaciones, a buscar el catering, pero la creatividad y el talento vienen de afuera» dijo, en relación al artículo 30.
Este artículo estipula que para acceder a exoneraciones tributarias e incentivos económicos, los integrantes del sector audiovisual deben preferir mano de obra, insumos y equipo ecuatorianos. Para Hemida, no existe una industria nacional consolidada que haga que el Ecuador produzca sus propios filmes.
La posición del Ministerio de Cultura es difusa
De acuerdo con el Subsecretario de Emprendimiento, Arte e Innovación del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Joaquín Carrasco, una de las políticas públicas enfocadas sobretodo en el IFAIC es el interés de la población en la producción cultural, tanto como el apoyo directo a producciones culturales. Así lo mencionó en entrevista para Radio La Calle.
Carrasco acotó que el incentivo a los emprendimientos y creación de industrias culturales también es una política pública del ICCA. Estos comprenden incentivos a la creación, producción, distribución, circulación y desarrollo de capacidades.
En cuanto a los beneficios para el sector audiovisual, multimedial y el cine, Carrasco explicó que «la capacidad institucional» mejora el cómo se maneja y opera el fomento a estos sectores. Dijo que el objetivo del Ministerio es beneficiarlos. Y para ello se centran en los temas de producción, libre creación, derechos culturales y protección a la diversidad cultural.
Subrayó que este plan es a corto, mediano y largo plazo desde la firma de la ley. Es decir, se realizó la convocatoria para proyectos culturales y artísticos. Apenas se restituyan completamente ambos institutos, dividirán sus operaciones hacia los proyectos presentados.
Economía de la cultura y cine ecuatoriano
Carrasco detalló que los institutos analizarán las dificultades de la producción de cine ecuatoriano. Sin embargo, el cine y la producción audiovisual gira entorno a la creación de oportunidades laborales y la inversión extranjera, según el funcionario.
Por lo tanto, explica, que el objetivo del Gobierno para con la producción audiovisual es de exportar servicios y más no productos. «Es relativamente más accesible tercerizar servicios o exportar servicios», expresó con respecto a la economía digital que contempla la ley reciente firmada por Lasso.
«Esto (…) potencia nuestras capacidades, que luego van a permitir exportar productos en algún futuro donde tengamos una capacidad más consolidada (…)», agregó.
De acuerdo con el criterio de Carrasco, el sector cultural tiene un alto riesgo como para ser financiado porque «no es el principal destino de inversión». Por tanto, en un primer momento, la restitución y creación de la nueva ley pretende atraer la inversión extranjera. Luego se verá el tema de producción y exportación propia.
Otras reacciones de los sectores culturales
El director del Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura de la Universidad de las Artes de Guayaquil, Pablo Cardoso, mencionó que no hay planificación detrás del decreto reciente. En su editorial publicada por el Observatorio manifestó el descontento y el «costo» de la jugada de Lasso.
Según, explica, el decreto significaría un beneficio para la producción audiovisual en Ecuador, no obstante, todo dependerá del Ministerio de Finanzas.
«El decreto ubica como al árbitro supremo del proceso al Ministerio de Economía y Finanzas. (…) reparte de manera muy general las competencias y las responsabilidades de cada uno de los institutos, pero también divide recursos y personal y en ninguna sección menciona la asignación de recursos adicionales para la adecuada reorganización/potenciación de ambas instituciones», escribió.
Cardoso señala que todo esto se trata de un ajuste presupuestario «al estilo de los gobiernos neoliberales». Por ello, acota, se encuentran detenidas, 48 producciones audiovisuales a causa de irregularidades y retraso de más de un año en la apertura de fondos concursables. A ello también suma la baja audiencia hacia producciones nacionales adicionado a la crisis del sector en Pandemia.
¿Y la ley de transformación digital?
Pablo Cardoso también indica que el terreno de lo digital es, ampliamente, desconocido. Su ambigüedad entre la facilidad de exhibición y remuneración no significa una opción viable para la mayoría de cineastas en el país.
Él recalca que el modelo político que tomó Lasso, responde a una búsqueda de mecenazgos en el sector privado. Algo que se alinea con la exoneración tributaria de los grandes grupos económicos que patrocinen eventos culturales. Si bien, la ley abre las puertas a la inversión extranjera, los principales beneficiarios serán grandes cadenas de televisión nacional, como detalla Cardoso.
Aunque el director parece convencido de que la ley crea enlaces entre el audiovisual y otras industrias, cree que tiene otro enfoque. El de beneficiar, aparte del gran sector televisivo del país, a las productoras extranjeras, específicamente en cuanto a publicidad. Como afirma Cardoso, habría un vaivén de la institucionalidad en estos próximos 6 meses, lo cual, a su parecer, tardaría mucho en concluir.
Tanto Cardoso, como Hermida y varios otros trabajadores del sector audiovisual permanecen espectantes a las acciones que tome el Gobierno y los (no tan) nuevos institutos. Ambos reflexionan en si existirá en un futuro la voluntad política que se evidencia en una correcta reinstitucionalización y garantía de recursos financieros para su óptimo funcionamiento. (S.B)
