Quito, 10 mar (La Calle).- El presidente Guillermo Lasso, el expresidente Lenín Moreno, el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, y la exministra de Gobierno, María Paula Romo, expresaron su rechazo ante la decisión de la Asamblea Nacional que otorgó amnistías a 268 ciudadanos que fueron perseguidos y judicializados por ejercer su derecho propio y colectivo a la protesta, reconocido en la Constitución.
De las 268 personas amnistiadas, 60 pertenecen a casos por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social en octubre del 2019; 154 defensores de los territorios comunitarios; 12 por la administración de Justicia indígena y 42 defensores de la naturaleza.
Reacciones
“El legítimo derecho a la protesta no puede afectar a otros. La Asamblea Nacional del Ecuador cometió un acto de injusticia. Olvidaron Quito en llamas, familias que perdieron negocios, periodistas agredidos, personas violentadas. Respaldo a los quiteños y a la fuerza pública ante la decisión”, publicó el primer mandatario a través de su cuenta de Twitter.
Por su parte, el expresidente Lenín Moreno consideró que los 99 votos del Legislativo la mañana de este jueves 10 de marzo fueron un golpe a la democracia. “Quienes atentaron contra la democracia en octubre de 2019 y pretendieron dar un Golpe de Estado entre protestas, secuestros, destrucción de ciudades patrimoniales y actos de vandalismo, hoy han sido absueltos con 99 votos por la Asamblea Nacional como si nada hubiera pasado”, señaló por medio de su red social.
De igual forma se pronunció el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, quien se siente “ofendido” por el Legislativo al haber concedido amnistías a “quienes sembraron terror y cometieron actos vandálicos contra la capital de la República (…) y no pueden ser considerados perseguidos políticos”.
Como con la marcha del 8 de marzo, Guarderas se solidarizó con los “bienes patrimoniales” destruidos. Finalmente, advirtió que “no permitiré que Quito vuelva a ser ultrajada y utilizada por mezquinos intereses políticos”, reza el comunicado.
La exministra de Gobierno, María Paula Romo, censurada y destituida del cargo por atentar contra los derechos humanos en la brutal represión de octubre de 2019 y acusada de haber repartido hospitales públicos como botines políticos, también expuso su negativa frente a las amnistías. Calificó la decisión del Pleno como “pura impunidad”. “El precedentes es nefasto para nuestra democracia: amnesia para los que atacaron el Ecuador, y castigo para quienes hicieron su trabajo”, publicó.
Quienes hablan de democracia…
El jefe de la bancada de Pachakutik, Marlon Santi, apuntó al expresidente Lenin Moreno como el responsable de atentar contra el bienestar de las familias ecuatorianas al firmar el decreto 883, que eliminó los subsidios a la gasolina y fue el detonante para las protestas de octubre del 2019.
Dijo: “Se nos acusa de octubre, se nos acusa de que el movimiento indígena es el responsable de saquear Quito. Pero, ¿quién es el que hizo el Decreto 883, y él está libre ahorita por Estados Unidos?».
No se ha mencionado nada de los 11 muerto de octubre, pero aseguró que se continúa criminalizando a los dirigentes indígenas, tachándolos de terroristas. «Aquí hay personas responsables del Estado ecuatoriano que hicieron y mataron a nuestros hermanos de octubre», sostuvo Santi.
