Quito, 11 jul (La Calle).- Analistas políticos aseguran que las declaraciones del presidente, Guillermo Lasso en contra de las protestas sociales buscan afectar el proceso de diálogo. Luego de la firma del «Acuerdo de paz» firmado el 30 de junio de 2022, tras 18 días de paro nacional.
El pasado 7 de julio de 2022 se llevó acabo la primera reunión para la mesa de diálogo establecida por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, la cual fue desarrollada de manera satisfactoria con la presencia de los representantes de las organizaciones y miembros del Gobierno nacional.
En la reunión se estableció el desarrollo de 10 mesas de trabajo y una de coordinación, las cuales iniciarían este 13 de julio, a partir del cual se contabilizarán los 90 días previstos, con el fin de solventar los 10 pedidos planteados por las organizaciones.
Sin embargo, tras las declaraciones del presidente Guillermo Lasso en una entrevista sobre un supuesto financiamiento del narcotráfico a las movilizaciones convocado por el movimiento Indígena, el proceso de diálogo puede verse afectado.
«La paja está en fabricar una protesta violenta con fines políticos para derrocar al gobierno legalmente constituido. Esta es una alianza con el correismo y en esta participa un tercer actor que es quien pone el dinero para las protestas que habrán constado USD 15 millones», aseguró Lasso.
Respuesta de la CONAIE
Mediante un comunicado, la CONAIE rechazó las acusaciones y tildó de inoperante al gobierno de Lasso.
«Advertimos que la narrativa oficial del «narcotráfico y terrorismo», se dirige a criminalizar la protesta, pone es riesgo y sabotea desde el mismo Ejecutivo el proceso oficializado el 7 de julio 2022″, dice el comunicado.
¿Qué puede suceder con el diálogo?
Para la analista política, Paulina Mogrovejo el acuerdo fue firmado bajo el marco del principio de la buena fe con el propósito de finalizar con las movilizaciones, pero sobre todo de dar cumplimento a los 10 puntos planteados.
Sin embargo, con las acusaciones realizadas por del presidente Lasso, que no tienen pruebas, pone en duda la intensión del Gobierno.
«Queda una tela de desconfianza hacia el Gobierno, da una suerte de mensaje que no existe la intensión de cumplir con el mencionado acuerdo de llevar adelante el proceso de diálogo», expresó la analista a Radio La Calle.
Por su parte, el analista Mauro Andino aseguró que el Gobierno está buscando deslegitimar las protestas y las cusas por las cuáles las personas salieron a manifestar.
«Es lamentable que el Gobierno nacional siga implementando esta retórica del enemigo interno, deslegitimar las protestas. Solo refleja que el Gobierno y a la cabeza el presidente de la República en el fondo nunca quisieron dialogar», dijo.
Andino sostuvo que Lasso está dejando de lado al 39% de personas que viven viviendo en pobreza multidimensional en el país.
Así también, el analista político indicó que es imposible llegar a acuerdos y sentarse a dialogar con alguien que está levantando una imputación de un delito sin pruebas.
«Esto genera mayor desconfianza por parte del movimiento Indígena y de la CONAIE, porque es imposible que te sientes a dialogar con alguien que te está tildando de haber sido financiado por el narcotráfico.»
El papel desarrollado por el ministro de Gobierno
Según los analistas, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez ha buscado procesar el conflicto social a través de la vía política, promoviendo el diálogo.
«Mientras el ministro de Gobierno firmó un acuerdo con la CONAIE y sigue reuniéndose en las mesas técnicas. El presidente de la República hace semejantes afirmaciones, eso le deslegitima», aseguró Andino.
Mauro Andino recalcó la existencia de una posible intención de boicot, frente a las acusaciones y declaraciones tanto del presidente Lasso como del ministro del Interior, Patricio Carrillo.
«No hay que destacar que las afirmaciones del presidente y del ministro Carrillo quieran boicotear el diálogo para tentar a la CONAIE que se levante de la mesa de diálogo y se vayan, y con eso el Gobierno podría justificar el incumplimiento de su palabra y estafar políticamente a las organizaciones sociales».
De la misma manera, Mogrovejo dijo que entre las opciones que tendría el ministro de Gobierno está presentar su renuncia o seguir presionando al Ejecutivo.
«El ministro de Gobierno tendría que cumplir las disposiciones del presidente de la República, renunciar a su cargo si no está de acuerdo bajo el principio de la objeción de consciencia o tratar de seguir presionando e insistiendo sobre todo al interno del Ejecutivo para que los 10 puntos se acerquen al menos, si no se cumplen en su totalidad».
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