Quito, 17 may (La Calle).- Protestas cada vez más extremas asumen y llevan adelante maestros agremiados a la Unión Nacional de Educadores (UNE). En la mañana del lunes 16 de mayo, varios docentes se acercaron hasta la sede de la Corte Constitucional (CC) para desangrarse
En un papel en blanco, al menos 8 maestros y dirigentes de la UNE tomaron la decisión de desangrarse, en exigencia de un fallo favorable sobre la equiparación salarial y la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).
Según anunció el presidente de la UNE en Guayas, Hilario Beltrán, en Guayaquil se adoptará la misma medida este martes. Precisó que la convocatoria es a las 10:00, en la Plaza San Francisco. Luego se trasladarán al edificio de la CC, en el centro del Puerto Principal.
Los miembros de la UNE también protagonizaron ayer el cierre de vías en Durán, a la entrada del puente que conecta ese cantón con La Puntilla (Samborondón). Los manifestantes quemaron llantas e impidieron la circulación de los vehículos.
Alrededor de las 06h50, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) anunció que la vía volvía a estar habilitada al tránsito vehicular. Esto luego de que las autoridades dispersaran a los manifestantes.
A la par de estas medidas, el magisterio lleva a cabo una huelga de hambre desde el pasado 3 de mayo. Según Beltrán, doce integrantes de la UNE se han sometido a esta medida, entre ellas la presidenta nacional del gremio, Isabel Vargas.
Medidas previas
En Quito, el pasado viernes 13 de mayo, se vio cómo los maestros se encadenaron, de manera simbólica. La manifestación se desarrolló a las afueras de la Plataforma de Gestión Financiera, en Quito.
Algunos profesores sacaron sus pancartas con mensajes para la Corte Constitucional y el Gobierno de Lasso: “Si hay plata para equiparación salarial. Viva la huelga de hambre” y “En defensa de la educación, equiparación salarial ya”.
Desde varias semanas la UNE ha protagonizado protestas en varias ciudades del país pidiendo que se cumpla la equiparación. Según el Gobierno, el impacto al presupuesto del Estado sería de USD 496 millones, para más de 162.000 docentes. No obstante, argumentan que para financiar la normativa se requiere de ingresos permanentes que no fueron contemplados en las reformas.
