Quito, 01 jun (La Calle).- Como a las diez de la noche del pasado 31 de octubre de 2018, Lorena Abad recibió una noticia que casi la derrumba. Un compañero de Radio Pública FM en Guayaquil, medio de comunicación estatal en el que trabajó por una década, le confirmó que se encontraba en la lista de despedidos, a pesar de que desde hace cinco meses luchaba contra un cáncer de tiroides.
Para una persona con metástasis, una información de ese tipo comprometía aún más su salud, sin embargo, Lorena emprendió una lucha por sus derechos. “Cuando fui a retirar las cosas ya no tenía nada en mi escritorio. No aceptaron mi informe de labores y se negaron a pagar mi liquidación hasta que tuviera el carné de enfermedad catastrófica del IESS, a pesar de que el propio Instituto y el médico de Medios Públicos confirmaban la gravedad de mi estado”.
Denunció su caso en redes sociales y logró el apoyo de asambleístas. Fue gracias a esa presión que consiguió el pago de sus haberes pendientes. Varias delegadas de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional la llamaron a una audiencia, instancia a la que acudió para rendir su testimonio, al igual que Martha Moncayo, gerente de Medios Públicos de esa época.
En pleno desarrollo de la enfermedad, Lorena Abad no recibió consideración alguna por su estado, más bien recibió cuestionamientos. “Mis notas por una causa u otra dejaban de salir. No me daban una explicación convincente. En alguna visita del Ministro de Agricultura a Daule se me ordenó que la única voz fuera la del Ministro y no la de los agricultores. En otra ocasión, se me editó la palabra “descontento” para expresar la situación de los camaroneros frente al precio del diésel”.
Llegó al punto de preguntar a sus editores sobre el enfoque de la información. “Sugerí que si mis notas no les gustaban, los dejaba en libertad de agregar lo que quisieran, hasta podrían poner su crédito en la nota”.
La Corte Constitucional del Ecuador ha establecido como regla obligatoria que las personas portadoras de enfermedades catastróficas/profesionales gozan de un principio de estabilidad laboral reforzada y no podrán ser despedidos.
Dos años después, el cáncer ha cedido. Los pronósticos son favorables, luego de superar varias operaciones. “El problema fue que al perder mi trabajo ya no conté con Seguridad Social por lo que debí recurrir al sistema de SOLCA (Sociedad de Lucha Contra el Cancer) para mis tratamientos”.
De ese periodo, el más duro de la vida de Lorena, quedan evidencias en las redes sociales. Imágenes de su lucha persisten como el amor por sus hijos a los que abraza con fuerza cada día
