Pamela Benalcázar Villaba
Quito, 22 feb (La Calle) .- Luego de que el presidente Lasso ofreciera el indulto a privados de la libertad, entre ellos a los defensores de la naturaleza, Gabriela Fraga, espera que se visibilicen las operaciones irregulares de las empresas mineras que atentan contra el medioambiente y la vida de los pueblos.
“Hay informes de la Contraloría General del Estado donde varios procesos en la entrega de esas concesiones han sido de forma irregular”, dijo Gabriela Fraga, defensora de los derechos humanos y la naturaleza, en una entrevista en Radio La Calle.
Fraga, que lleva en su contra seis procesos legales relacionados a la defensa del medio ambiente, tilda de persecución a estos actos que responden a los intereses de las empresas mineras, en complicidad con el Gobierno. “No sabemos por qué entregan licencias sin tener consultas ambientales ni consultar previamente a las comunidades”, cuestionó.
Según Fraga, han sido 8 meses de lucha para alcanzar la amnistía. En el informe que fue enviado a la Asamblea Nacional constan 300 casos de solicitud, en los que casi el 80% pertenecen a defensores de los derechos humanos y la naturaleza.
A través de este proceso, quieren que se visibilice el tema, pues las grandes ciudades no tienen conocimiento o son indiferentes a los procesos extractivistas, que son completamente criminales. “Es una idea errónea optar por la explotación de los recursos naturales que han dejado un gran impacto ecológico afectando directamente a la soberanía alimentaria de los pueblos y de las grandes ciudades que ignoran completamente el tema”, dijo.
“No somos delincuentes, somos campesinos que trabajan y defienden la tierra”
Se los acusa de dañar el bien ajeno, de intimidación y paralización de servicios. “No queremos ir a la cárcel, donde nadie garantiza nuestra vida”, declaró en la entrevista. Citó el caso de Víctor Guaillas, asesinado en el último amotinamiento registrado en la Penitenciaría de Litoral, en el que más de 70 presos perdieron la vida.
Por otra parte, la defensora también alertó sobre las amenazas que han sufrido. “No hemos llegado al asesinato de los defensores, pero vamos por esa línea si este gobierno está implementando el extractivismo en gran escala”, argumentó.
Imbabura, en los ojos de la minería a gran escala
Ejemplificó con la provincia de Imbabura y la pequeña minería que ya ha dejado una gran huella ecológica en la zona. “No logramos imaginar qué pasaría con los proyectos a gran escala que es lo que se propone en la provincia”, comentó.
Además, habló sobre las 70 personas denunciadas en la comunidad de Buenos Aires, tras su derecho a la resistencia, que impidió que los mineros ingresen a la zona de forma violenta.
